Argentina acusó a la justicia estadounidense de parcialidad y volvió a exigir que se le permita honrar su deuda reestructurada, mientras se apresta a negociar la próxima semana con tenedores de bonos impagos en un pleito que la dejó al borde de un nuevo default.
Una delegación del Ministerio de Economía se reunirá el lunes con el mediador designado por el juez de la corte del distrito de Manhattan Thomas Griesa, que prohibió a Argentina pagar su deuda bajo legislación neoyorquina hasta que no abone más de 1.300 millones de dólares a los acreedores que la demandaron tras su masiva cesación de pagos del 2001-2002.
Si Argentina no destraba la situación antes del 30 de julio, cuando termina el período de gracia para pagar sus bonos Discounts vencidos a fines de junio, caerá en un default justo en momentos en que busca recuperar la confianza de inversores internacionales para impulsar su economía en recesión.
«Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente (…) Pero no es independiente de la acción de los fondos buitres porque muestra clara parcialidad», dijo el viernes a periodistas el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.
Las constantes quejas de Argentina por el fallo de Griesa, que fue avalado por la Corte Suprema de Estados Unidos, han sido criticadas por los acreedores demandantes, que dudan del compromiso de Buenos Aires por llegar a un acuerdo con ellos.
Argentina se niega a pagarle a los acreedores que no aceptaron las ofertas de reestructuraciones de su deuda incumplida de 100.000 millones de dólares porque asegura que violaría una cláusula firmada con los tenedores que sí aceptaron los canjes con una importante quita.
Cerca del 7 por ciento de los acreedores del país hace una década, liderados por los fondos NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management, se ha negado a canjear sus títulos en default y ha demandado al país por años ante cortes internacionales para recuperar el valor total de los bonos.
Pero el Gobierno argentino calcula que si paga los 1.300 millones de dólares ordenados por la corte de Estados Unidos, abriría la puerta a posibles demandas de otros acreedores «holdouts» por unos 15.000 millones de dólares.
