Washington.- Paliativos a la crisis de niños inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos generan controversias entre republicanos y demócratas en gobiernos locales.
El problema que al parecer no encontrará solución en el Congreso federal antes del receso de cinco semanas que comienza en los próximos días, provoca hoy enfoques divergentes cuando algunos gobiernos estatales aceptan albergar a los menores y otros se oponen a recibirlos y a atender sus necesidades.
Calificado por el presidente Barack Obama como una crisis humanitaria, el asunto pasó a ser un tema de importancia en varias carreras para el cargo de gobernador en los estados de país.
En Maine, el gobernador Paul LePage (republicano) criticó la decisión de la Casa Blanca de enviar a ese estado ocho menores inmigrantes sin papales y dijo estar preocupado por el costo financiero si la cifra aumenta en los próximos días.
Otros estados como Nueva York crearon comités de ayuda a los menores para atender sus necesidades.
En los recientes meses se acrecentó el debate en estados fronterizos como Arizona y Texas, donde los gobiernos encabezados por los republicanos adoptan medidas punitivas, incluso el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y sanciones a empleadores que utilizan mano de obra de los sin papales.
La marea provocada por los menores llegó a estados del interior como Massachussets, donde el gobernador demócrata ofreció cobija temporal a estos, lo que generó críticas de candidatos que aspiran a ocupar la butaca del gobierno estatal.
Algo más al suroeste, en Connecticut, el gobernador Dannel Malloy (D) rechazó una solicitud de la Casa Blanca de recibir a dos mil jóvenes en una propiedad estatal, lo que lo puso en el centro de las críticas de opositores republicanos.
Mientras está en ebullición esta parte del problema migratorio, Obama valora acciones ejecutivas para aliviar la situación de millones de sin papeles amenazados con la deportación, entre ellas el otorgamiento de permisos de trabajo.
De proceder en esa dirección, los republicanos conservadores en el Congreso amenazan con someter al mandatario a un juicio político.
El presidente anunció hace un mes que avanzaría su agenda ante la negativa del Congreso a votar una reforma integral de la ley migratoria.
