Asunción.- El Poder Judicial y al gobierno paraguayos recibieron fuertes críticas por mantener en prisión hace más de dos años y sin sentencia al dirigente campesino RubenVillalba, hoy cumpliendo huelga de hambre en la cárcel.
Villalba, preso desde 2012 tras el sangriento desalojo de un asentamiento de labriegos en la localidad de Curuguaty, recibió de un juez fallo de prisión domiciliaria, algo nunca materializado, pues se le mantiene tras las rejas por participar en el año 2008 en una movilización de campesinos sin tierras.
El senador Luis Alberto Wagner afirmó que sólo puede darse el calificativo de secuestro a la situación en que se encuentra Villalba pues se revivió el caso de la oposición de una comunidad a fumigaciones con productos agrotóxicos hace seis años para evitar su liberación.
Recordó que la Constitución establece la imposibilidad de prolongar la prisión preventiva por un tiempo mayor al de la pena mínima para el supuesto delito del cual se le acusa, la cual en este caso es de seis meses pero ya superó los dos años en la penitenciaría.
Lo ocurrido es sencillamente terrorismo de Estado porque precisamente el Estado lo mantiene secuestrado y es el mismo que desaloja a los campesinos y les quema las viviendas mientras mafiosos extranjeros se apoderan de sus tierras, dijo textualmente el legislador.
Por otra parte, los abogados defensores de Villalba presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un urgimiento de resolución del habeas corpus entregado el pasado 16 de septiembre pidiendo la inmediata liberación de Villalba.
El documento recordó que se introdujo ante la Sala Penal de la propia instancia el mencionado habeas corpus cuya respuesta debió hacerse en las 48 horas siguientes, por lo que se convierte en ilegal la permanencia del detenido en la cárcel, de acuerdo a las leyes.
Uno de los letrados, Gustavo Noguera, comunicó a la Corte el inicio de la huelga de hambre de Villalba ante lo que considera violación de sus derechos constitucionales y un agravamiento de su arbitraria detención.
El Frente Guasú, coalición de partidos políticos y organizaciones sociales, así como la Articulación Curuguaty, formada por familiares y compañeros de las víctimas de aquel violento desalojo, declararon ilegal la prisión de Villalba y exigieron su inmediata puesta en libertad.
