El Instituto Duartiano definió como arbitraria e injusta la condena que pretende imponer al país la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en desconocimiento del orden institucional y la soberanía dominicana.
El profesor José Joaquín Pérez Saviñón, presidente y los demás directivos del Instituto expresaron su más absoluto apoyo a la dictamen número 256/14 del Tribunal Constitucional, que declaró contraria a la Constitución la carta de adhesión del Poder Ejecutivo del 19 de febrero de 1999, mediante la cual aceptaba la competencia de la Corte.
“Consideramos que la sentencia número 282, de fecha 28 de agosto del año en curso, es una decisión arbitraria e injusta que desconoce los esfuerzos del Estado y las instituciones de la República Dominicana en interés de regularizar y documentar a todas las personas que habitan en su territorio, pero con arreglo a nuestras normas constitucionales y legales”, expresó Pérez Saviñón.
Explicó que ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana.
Tampoco puede permitir una injerencia que atente contra la personalidad o integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. “El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”, agregó.
Asimismo, Saviñón destacó que el artículo 1 de la Convención de La Haya, de 1930, de la cual el país es signatario, otorga facultad para que cada Estado suscribiente regule y determine de conformidad con su propia legislación quiénes son sus nacionales.
