Condiciones paupérrimas militares y policías los relegan a quinta categoría

La Defensora del Pueblo, doctora Zoila Martínez, sostuvo que los militares, policías y una gran parte de ciudadanos dominicanos corren la suerte de ser relegados a quinta categoría, porque sobreviven en condiciones paupérrimas por falta de servicios y oportunidades.
 
Indicó  que ahí es que la autoridad gubernamental debe invertir los recursos, ya que estos tienen derechos humanos y fundamentales que la Constitución defiende.
 
señaló que las condiciones de marginación que genera la situación de pobreza, junto al aumento de la delincuencia y la ignorancia en que vive la mayor parte de la población dominicana, merma de manera decisiva las capacidades cívicas de los ciudadanos e instituciones, lo cual se constituye en una forma de violación de los derechos humanos.
 
La Defensora del Pueblo significó que la República Dominicana no escapa a la situación descrita, por lo que el Gobierno tiene que poner atención a esa situación.
 
Martínez explicó que una de las funciones del Defensor del Pueblo es la búsqueda de propuestas viables y tangibles que puedan contribuir a lograr que la educación, el trabajo, la salud pública y otros beneficios sociales lleguen a los más pobres.
 
La funcionaria sentenció que para que más gente salga de la pobreza y pueda ver respetarse sus derechos humanos, se requiere de una voluntad política que opere, tanto del lado productivo como distributivo de las riquezas para que la gente pueda ver la felicidad.
 
Expuso que en más de un año que tiene en operatividad el Defensor del Pueblo se han generado más de 3 mil casos que benefician a personas que acuden al organismo en busca de que se le respeten sus derechos tanto en instituciones públicas como privadas.
 
Llamó en ese sentido al Gobierno Central a que ponga más énfasis en invertir contra la pobreza de manera que los dominicanos sientan que sus derechos humanos en todos los sentidos sean respetados.
 
Zoila Martínez habló en esos términos al ofrecer una conferencia magistral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la presencia del rector Iván Grullòn, del decano Antonio Medina, estudiantes y otras autoridades del recinto y del Defensor del Pueblo.

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