Amnistía Internacional, apoyada por organizaciones feministas en el país, convocó a a expresar al Presidente de la República, Danilo Medina, la necesidad de no promulgar la reforma aprobada del Código Penal por el riesgo en que pone a mujeres y niñas.
Este 18 de noviembre, el Congreso dominicano aprobó una reforma integral del Código Penal que mantiene la penalización total del aborto. Corresponde ahora al Presidente de la República promulgarla, que de hacerlo, dicha reforma violará los derechos de mujeres y niñas.
En junio de 2013, la Cámara de Diputados del Congreso dominicano aprobó un borrador de reforma del Código Penal, que introducía una excepción a la prohibición total del aborto en el país en casos en los que pudiera invocarse un «estado de necesidad». Esto permitía despenalizar el aborto cuando la vida de la madre corriera peligro a causa del embarazo. Sin embargo, en julio de 2014, tras las presiones de la Iglesia Católica, el Senado eliminó esta disposición.
La versión final aprobada mantiene las penas de entre dos y tres años de prisión para todas las mujeres que se sometan a un aborto y para todas las personas que cooperen en la interrupción del embarazo. El personal médico y farmacéutico que facilite un aborto o ayude a practicarlo será castigado también con una pena de entre cuatro y diez años de prisión. Si una mujer muere a consecuencia de un aborto, la pena contra quienes lo hayan facilitado o hayan ayudado a practicarlo aumenta a entre 20 y 30 años.
La criminalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola el derecho de las mujeres a la vida y la salud y su derecho a no sufrir discriminación ni ser sometida a tortura o malos tratos, y por tanto es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos.
