La violencia, un obstáculo para la igualdad

Los esfuerzos desplegados por las mujeres dominicanas a lo largo de las últimas décadas por superar su condición de subordinación social, política y económica son innegables y han cosechado avances importantes. Las estadísticas recientes del país muestran que las mujeres siguen incrementando sus niveles de empoderamiento personal, sobre todo en lo que respecta a la educación, el trabajo remunerado y el control de la fecundidad. Actualmente el 18% de las mujeres ha alcanzado o completado el nivel universitario, contra el 11% de los hombres[1]; su participación en el mercado laboral continúa aumentando y alcanza ya las dos terceras partes entre las mujeres de 30-45 años y entre las profesionales; en tanto el promedio de hijos por mujer se sitúa en 2.5, cayendo por debajo de 2.0 entre las de mayor educación e ingreso.
 
No obstante lo anterior, las mujeres dominicanas siguen estando sujetas a múltiples formas de desigualdad y discriminación: ocupan los niveles más bajos en la escala ocupacional y reciben salarios inferiores a los de los hombres aún cuando realizan el mismo trabajo; su participación política a nivel congresional, ministerial y municipal sigue estando muy lejos de la paridad; los hombres continúan ejerciendo un control desproporcionado sobre la propiedad de las tierras y las viviendas, etc.[2]
 
Uno de los obstáculos más importantes que enfrentan las mujeres dominicanas para el logro de la igualdad social y el ejercicio pleno de sus derechos es la violencia de género en sus distintas formas, observándose un deterioro sostenido en casi todos los indicadores de este problema durante los últimos años.
 
Consideremos en primer lugar las estadísticas publicadas por la Procuraduría General de la República que contabilizan los feminicidios así como las denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual recibidas en las Unidades Especializadas. Según la PGR los feminicidios causaron la muerte de casi mil mujeres dominicanas a manos de sus parejas o exparejas sentimentales en la última década[3]. Aunque la cifra del año pasado muestra una reducción en relación con años anteriores, para mediados de noviembre del 2014 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas (72) ya superaba el total registrado al finalizar diciembre de 2013 (71)[4], cifra que sitúa a nuestro país entre los más violentos de la región. Según datos de la CEPAL (2014: 50) el análisis comparativo de feminicidios íntimos en 12 países de América Latina más España y Portugal ubica a la República Dominicana en el tercer lugar, con una tasa de 0.69 por cada 100,000 habitantes. En contraste, en España, donde los feminicidios se consideran una crisis nacional, la tasa es de 0.12, casi seis veces menor que la nuestra.
 
En lo que respecta a los casos atendidos por las Unidades de Atención especializadas en violencia de género e intrafamiliar de la PGR, en el año 2012 se recibieron 65,709 denuncias a nivel nacional, cifra que se redujo a 52,791 en el año 2013. La PGR no ofrece explicación alguna en relación a las posibles causas de esta merma, a pesar de la discrepancia que supone el hecho de que durante el mismo período se emitieran 65,625 órdenes de protección, casi 13,000 más que el total de denuncias reportadas. Al proyectar la cifra de denuncias correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso (la única disponible hasta el momento) alcanzamos la cifra de 67,000 denuncias para el 2014 completo, cifra que supera ampliamente la reportada el año anterior.
 
Los datos de ENDESA
Los datos de violencia de la ENDESA 2013 muestran incrementos significativos en casi todos los indicadores con respecto a la encuesta del 2007, siendo particularmente preocupantes los niveles observados entre los grupos de edad más jóvenes, sobre todo las adolescentes. Consideremos los siguientes datos:
 
-El 26% de todas las mujeres entre 15-49 años reporta haber sufrido violencia física a partir de los 15 años, en contraste con el 20% en el 2007. Asimismo, el 13% experimentó violencia en el último año, superando el 10% del 2007.
 
-El 7.4% ha sufrido violencia física durante el embarazo, indicador que muestra un ligero aumento con relación a la encuesta anterior (6.6% en 2007). Particularmente preocupante resulta el hecho de que las adolescentes de 15-19 años reporten la cifra más alta en este renglón, 10.5%.
 
-En lo que respecta a la violencia de pareja, el 35% de las mujeres ha experimentado violencia física, sexual o emocional a manos de su pareja o expareja, lo que representa un incremento de cinco puntos porcentuales con relación a la encuesta anterior (30% en 2007). Este porcentaje alcanza el 40% en el caso de las adolescentes de 15-19 años, el grupo de edad con las cifras más elevadas de violencia en la mayoría de renglones. Asimismo, una de cada seis mujeres (16%) declaró haber sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja actual o anterior durante el último año, cifra que sube al 22% entre las adolescentes.
 
Llama la atención que el 39% de las mujeres que trabajan remuneradamente reportaron haber sufrido violencia a manos de su pareja, contra el 28% de las desempleadas. La misma tendencia se observa entre las mujeres que dijeron haber sufrido violencia física en el último año, siendo la cifra mayor entre las mujeres con empleo que entre las desempleadas (15% contra 10%). La asociación entre violencia y trabajo remunerado ofrece sustento empírico a la noción de que el incremento de la violencia de género se vincula a la menor capacidad de los hombres de controlar a las mujeres mediante la dependencia económica y otros mecanismos tradicionales, ante lo cual apelan a la agresión directa para imponer su autoridad.
 
Aunque las mujeres pobres reportan más violencia física/sexual a manos de sus parejas (23% las más pobres contra 8% las más ricas), llama la atención que esta tendencia no se advierte con respecto a la educación, observándose que las mujeres sin educación (14.5%) y con educación universitaria (12.6%) presentan tasas bastante similares de violencia física o sexual a manos de sus parejas.
 
La violencia sexual y de género y el problema de las estadísticas
Es bien sabido que de todos los delitos, los vinculados a la violencia sexual y de género son los menos denunciados ante las autoridades, lo que suscita dudas y cuestionamientos sobre los registros de estos casos. Como señala el PNUD (2014: 85): “…La mayoría de las víctimas no informan a la autoridad acerca de estos actos por varias razones: la dependencia y la vulnerabilidad física, económica y psicológica en relación al victimario —que suele ser pareja o familiar de la víctima—, el temor a sufrir represalias, el desconocimiento de fuentes de ayuda, la desconfianza acerca de la capacidad de resolución de los conflictos y el temor a la doble victimización, es decir, el miedo del o de la denunciante de sufrir humillación por parte de la autoridad al momento de presentar la denuncia.”
 
A lo anterior se agrega el estigma social que penaliza injustamente a la mujer, sobre todo en los casos de violencia sexual, junto al hecho de que, a pesar de su mayor visibilidad en la actualidad, la violencia de género todavía se percibe como una práctica ‘cotidiana’ y no como una amenaza grave que requiere atención urgente, como sí ocurre frente a otras formas de violencia y delincuencia (Ibid). De ahí que los datos de la encuesta LAPOP-PNUD 2012 “reflejan que en América Latina la violencia de género (la violencia intrafamiliar, la violencia por parte de la pareja íntima, el feminicidio, la violencia sexual, etc.) no figura entre las principales amenazas o delitos señalados por las personas” (citado en PNUD, 2014:85). Esto explicaría también la mayor preocupación de las autoridades por la delincuencia común y los crímenes del narcotráfico, a los que se destinan recursos humanos y económicos muy superiores a los que recibe la violencia de género.
 
Contrario a lo ocurrido tras la promulgación de la Ley 24-97 y la puesta en marcha de la política estatal de prevención, atención y sanción de la violencia intrafamiliar, otras formas de violencia de género no gozan del mismo grado de reconocimiento y atención por parte de la sociedad y las autoridades dominicanas. Este es particularmente el caso con respecto a la violación sexual, sobre todo de la mujer adulta, que a diferencia de la violencia de pareja no ha sido problematizada socialmente por el Estado, los medios de comunicación o las organizaciones no gubernamentales. Consecuencia de esto es la relativa invisibilidad social de esta forma de violencia, sobre la cual se habla poco y se denuncia menos.
 
En efecto, tanto las estadísticas de la Procuraduría como las de ENDESA sugieren que algunas violaciones sexuales podrían no ser reconocidas como tales, particularmente cuando afectan a mujeres adultas y el agresor tiene un vínculo personal con la víctima. A esto se suma el estigma social que todavía afecta a las mujeres violadas, así como las experiencias de re-victimización que a menudo sufren las que denuncian. Veamos las estadísticas de la PGR, que no ofrecen información alguna sobre la edad de las víctimas, características de los agresores, resolución de los casos, etc.
 
Lo primero que llama la atención es la gran discrepancia entre el número de casos registrados cada año, donde las cifras del 2013 más que duplican las del 2012, sin que se expliquen los motivos de esta disparidad, como podrían ser cambios en la metodología de registro o en la política de atención de las Unidades Especializadas. Lo segundo que llama la atención es que el mismo año en que se registraron más de 65,000 denuncias de violencia de pareja se hayan reportado menos de 3,500 casos de todos los delitos sexuales tipificados en el código Penal combinados. No cabe duda que, como señala el PNUD (2014), en muchos casos la baja tasa de denuncia es producto de la poca confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de atenderlas (lo que explicaría, por ejemplo, por qué Chile y Uruguay, los dos países con mayor desarrollo institucional, reporten las tasas más altas de violencia intrafamiliar en la región). En todo caso, la proyección de la cifra correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2014 arroja un total de 8,300 casos para el año completo, lo que continuaría la tendencia alcista aunque menos intensa que el año anterior.
 
Las estadísticas de violencia sexual de ENDESA 2013 también generan interrogantes, no tanto por el porcentaje de mujeres que reporta haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida -un 10% del total, cifra similar al 2007- sino por el hecho de la violencia sexual reportada se refiere, en la gran mayoría de los casos, a la pareja o expareja. En efecto, el 80% de todas las mujeres que dijeron haber sufrido violencia sexual indicaron que el agresor había sido su pareja actual (20%) o anterior (60%), lo que posiblemente obedezca a la formulación de la pregunta, que indagaba “si alguna vez en su vida alguien la obligó de alguna manera a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales que no quería”.
 
Visto que en RD, al igual que en el resto del mundo la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual no reporta la agresión sufrida, resulta difícil evaluar las cifras dominicanas. A manera de comparación, consideremos que en la Unión Europea una de cada diez mujeres ha sido agredida sexualmente y una de cada veinte ha sido violada (FRA, 2014), mientras en los Estados Unidos el porcentaje de mujeres violadas alcanza el 19.1% (CDC 2011).[6]
 
Características de los agresores y búsqueda de ayuda por parte de las mujeres
La ENDESA 2013 revela que los factores que en mayor medida se asocian a los maridos agresores son la educación, el consumo de alcohol y los comportamientos controladores. En efecto, el riesgo de que la mujer sufra violencia de cualquier tipo disminuye a medida que aumenta el nivel de escolaridad del marido, pasando del 43% entre aquellas cuyos maridos no tienen ningún grado de escolaridad al 25% entre aquellas cuyos maridos tienen educación universitaria. El consumo de alcohol muestra una asociación aún más fuerte, encontrándose que el 26% de las mujeres cuyos maridos no toman o no se emborrachan había sufrido violencia, contra el 64% de las mujeres cuyos maridos se emborrachan a menudo.
 
Sin embargo, el principal predictor de comportamientos agresivos fueron las actitudes controladoras de los maridos, encontrándose que el riesgo de sufrir violencia aumenta del 17% cuando el marido no ejerce ningún comportamiento controlador al 64% cuando el marido ejerce 5-6 comportamientos controladores. Los indicadores de esta variable son los siguientes (pág. 334):
 
1. Se pone celoso o se enoja si ella habla con otros hombres.
2. Frecuentemente la acusa de serle infiel.
3. No le permite reunirse con sus amigas.
4. Trata de limitarle el contacto con la familia.
5. Todo el tiempo insiste en saber dónde está.
6. No confía en ella para el manejo del dinero.
 
En cuanto a la búsqueda de ayuda, la ENDESA muestra que el porcentaje de víctimas de violencia física o sexual que buscó ayuda para poner fin a la violencia de pareja se redujo ligeramente entre el 2007 (41%) y el 2014 (39%), lo que podría ser resultado de la poca efectividad de las entidades encargadas de atender el problema, del desconocimiento de las víctimas o de otros factores. El 27% de las mujeres no buscó ayuda pero se lo dijo a alguien y el 32% no hizo ni una cosa ni la otra. Cabe destacar que entre las que buscaron ayuda la gran mayoría acudió a su propia familia (50%) o una persona amiga (10%), en tanto solo el 28% acudió a la policía.
 
 
Violencia obstétrica y reproductiva
 
A las diversas manifestaciones de violencia de género que afectan a las mujeres dominicanas es preciso añadir modalidades de violencia obstétrica y reproductiva que en República Dominicana alcanzan niveles muy altos, sin que las autoridades de salud tomen medidas efectivas para enfrentarlos. Consideremos los siguientes datos ofrecidos por la ENDESA 2013:
 
-Cesáreas: El 56% de todos los nacimientos del país ocurren por cesárea (contra 42% en 2007), lo que nos convierte en el país con más alta tasa de cesáreas del mundo. Al desglosar este total por sector encontramos que el 42% de los nacimientos ocurridos en establecimientos públicos y un increíble 87% de los ocurridos en clínicas privadas fueron por cesárea. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las cesáreas no excedan el 15% del total de nacimientos.
 
-Embarazos indeseados: El 48% de los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años fueron fruto de embarazos indeseados, ya sea porque la mujer no quería el embarazo en ese momento (35%) o porque ya no quería tener más hijos (13%). A esto habría que agregar los embarazos indeseados que terminan en abortos inducidos, cuya cifra desconocemos debido a la ausencia de estadísticas actualizadas sobre el tema.
 
-Necesidad insatisfecha de anticonceptivos: A pesar de la alta prevalencia de uso anticonceptivo en el país, el 11% de las mujeres casadas o unidas tienen necesidad insatisfecha de planificación familiar, porcentaje que se incrementa significativamente entre las más jóvenes, alcanzando el 27% entre las adolescentes de 15-19 años y el 21% entre las mujeres de 20-24 años.
 
Por otro lado, la Endesa confirma que una de cada cuatro adolescentes entre 15-19 años ya es madre o está embarazada, proporción que no ha disminuido con relación a encuestas anteriores. La persistencia del problema no debe sorprender, visto que las autoridades de salud no han tomado ninguna medida de importancia dirigida a reducir la altísima incidencia de embarazo adolescente: ni en lo que respecta a la educación sexual escolar, que solo llega al 10% de los estudiantes del sector público (Alcántara, 2012), ni a la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva dirigida a población joven, ni a la venta subsidiada de píldoras anticonceptivas y condones a través de las boticas populares. Tampoco la Procuraduría ha cumplido su promesa de someter a la justicia a los hombres adultos que tienen relaciones sexuales con adolescentes en clara violación del Código para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo Artículo 396 condena con 2-5 años de prisión al adulto que tenga relaciones sexuales con una menor cuya edad supere por cinco años o más.
 
La República Dominicana sigue presentando tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna para un país donde la casi totalidad de los partos ocurren en establecimientos de salud. Las autoridades insisten en que la tasa se ha reducido a 110 muertes por cada 100,000 nacidos vivos (Ministerio de Salud y OPS/OMS, 2013), aunque hay evidencia de que esta tasa es producto de una metodología de estimación que manipula la cifra real de nacimientos, lo que resulta en una subestimación importante de la mortalidad materna en el país.[7] En todo caso, los datos del propio Ministerio de Salud muestran que el número de muertes maternas hace varios años que va en aumento: las 174 muertes notificadas en el año 2011 subieron a 175 en el 2012 y a 183 en el año 2013[8].
 
Aún los organismos estatales reconocen que la principal causa de la elevada mortalidad materna en el país es la baja calidad de los servicios obstétricos ofrecidos por los establecimientos públicos, como consignan con crudeza los informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tras confirmar que la abrumadora mayoría de las muertes maternas que ocurren en el país son evitables (MEPyD, 2010). A esto se suma la impunidad que protege a los médicos responsables de las negligencias y malas prácticas médicas que resultan en estas muertes innecesarias, lo que imposibilita la solución del problema de la calidad de atención.
 
Por último, la República Dominicana sigue siendo uno de apenas siete países en todo el mundo que penalizan el aborto sin excepción, lo que constituye una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo, su derecho a la vida, a la salud, y a la no discriminación. La reciente aprobación del Código Penal en el Congreso ratifica dicha prohibición violando de esa manera la Constitución y los compromisos del Estado Dominicano contraídos en el ámbito internacional de los derechos humanos.
 
Frente a la magnitud de la violencia contra las mujeres y la precariedad de la respuesta estatal, demandamos:
1. Que el Código Penal sea Observado por el Presidente de la República.
2. Que se apruebe a la mayor brevedad posible el Proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
3. Que se defina un presupuesto específico para la implementación de políticas públicas de prevención, sanción y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas.
4. Que se pongan en marcha mecanismos efectivos de coordinación interministerial orientados a mejorar la respuesta nacional frente a la violencia.
 
Procuraduría Gral. de la República. Estadísticas sobre delitos sexuales 2012 y 2013