Rafael Camilo solía aplicar sobresee (desestimación) a los casos de quejas y denuncias que les presentaban los clientes del Banco Peravia de Ahorros y Créditos, cuando se desempeñó como superintendente de dicha entidad desde el 16 de agosto del 2012, al 15 de septiembre del 2014.
En los archivos de este Multimedios DominicanosHoy se encuentran documentos de clientes a los cuales la mencionada entidad bancaria le negó el reconocimiento de certificados financieros depositados allí, quienes tampoco fueron escuchados por las autoridades de la Superintendencia de Bancos, en violación a los derechos de los reclamantes y a la Ley Monetaria.
“Lo que demuestra la connivencia del superintendente de bancos saliente, Rafael Camilo, con los desmanes, fraudes, estafas y abusos de confianza que las autoridades del Banco Peravia de Ahorros y Crédito venían llevando en contra de sus ahorrantes”, expresa uno de los afectados con más de RD$30 millones de pesos.
La empresa Importadora de Productos Alimenticios 2008 C.A (Improal), una de las principales afectadas, la cual a principios del 2012 aperturó una cuenta de ahorro en el mencionado banco, la cual por sugerencia de los ejecutivos de la entidad monetaria, el 25 de julio del mismo año fue convertida en certificado financiero por un monto de US$700,000.00 (Setecientos mil dólares), con 8% de interés por el término de 12 meses.
Más tarde, el gerente de Improal y ejecutivos del Banco acordaron el traspaso de un Rent Car en la ciudad de Miami, a cambio de la suma de US$200,000.00(doscientos mil dólares), monto que fue deducido del certificado Financiero de los US$700,000.00, el cual fue cancelado para dar apertura a otro certificado financiero el 29 de noviembre del 2012 , equivalente a RD$20,000,000.00(veinte millones de pesos), equivalente a US$500,000.00(quinientos mil dólares), con vencimiento al 29 de noviembre del 20013.
Al cumplirse la fecha del vencimiento, una autoridad de Improal le comunica a los ejecutivos del Banco Peravia que la empresa decidió no renovar el certificado financiero, debido a que en la vigencia del mismo, no le habían depositado los intereses generados.
El 8 de noviembre del 2013 el Banco Peravia emite un correo electrónico a Improal, donde le exige a la empresa demostrar el origen de los fondos y el monto en que fueron ingresados al país, como requisito indispensable para proceder a la cancelación del certificado, requisito que debió ser reclamado 15 días posteriores al recibimiento del depósito, de conformidad con las disposiciones del artículo 41 de la Ley 72/02 sobre Lavado de Dinero en República Dominicana.
La Comunicación del Banco se refiere a los fondos(certificado financiero) como “presuntos”, no obstante saber que en manos de los reclamantes existe el original del certificado y haber intercambiado conversaciones vía corro electrónicos respecto al mismo.
Superintendencia de Bancos
Ante las contantes reclamaciones infructuosas de parte al Banco Peravia, Importadora de Productos Alimenticios 2008 C.A (Improal) decide, el 12 de febrero del 2013, denunciar la situación ante la Superintendencia de Bancos, apoderar de una queja, mediante acto de alguacil, ante la División de Protección del Usuario, así como una querella ante la Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo.
Al no recibir respuesta de parte de las dos instituciones apoderadas, Improal decide apoderar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional de una querella penal en contra del señor José Luis Santoro, principal ejecutivo del Banco Peravia, “por el ilícito penal de abuso de confianza, previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano”.
El 5 de agosto del presente año a Improal le llega una comunicación fechada el 02 de abril en la que la División de Servicios de Protección del Usuario de la Superintendencia de Bancos expresa que “se ve en la obligación de sobreseer (desestimar) el conocimiento de su reclamación”.
El día siguiente, el Departamento de Prevención de Lavado de Activo y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos emite a Improal una comunicación donde anexa una carta que el 26 de mayo del 2014 le enviara el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, ante un requerimiento que le formulara dicha oficina respecto al certificado concerniente a los US$500,000.00, donde se le informa que “esa entidad financiera no registra ni ha registrado certificado financiero a nombre de los señores Importadora de Productos Alimenticios 2008 C.A.(Improal).
Los ejecutivos del Banco Peravia negaron el depósito de un certificado a nombre de una ciudadana venezolana por un monto de RD$37, 080,000.00 (treinta y siete millones 80 mil pesos), sobre lo cual tampoco la entidad financiera notificó al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financiero de la Superintendencia de Bancos.
El 26 de abril de este año, los representantes legales de la ciudadana venezolana reciben una comunicación del Banco, donde le niegan el registro del certificado financiero, por lo que de inmediato deciden hacer la denuncia ante la Superintendencia de Bancos y a la que se le exhorta hacer una exhaustiva investigación a la entidad financiera , lo que nunca procedió, “esto demuestra la connivencia del superintendente de bancos saliente Rafael Camilo, con los desmanes, fraudes, estafas y abusos de confianza que las autoridades del Banco Peravia de Ahorros y Crédito venían llevando en contra de sus ahorrantes”.
El 16 de marzo de este año, la parte afectada envió una comunicación al Gobernador del Banco Central, en su calidad de presidente de la Junta Monetaria y Financiera y demás miembros que integran ese órgano rector del sistema monetario y financiero del país, en la que los pone al tanto de la estafa de la que está siendo víctima por parte del Banco Peravia.
En la misiva se explica que debido la inercia y falta de atención de parte de los ejecutivos del Banco, decidieron anteponer ante la Fiscalía del Distrito Nacional una querella por violación al Código Penal.
El escándalo
Personas consultadas por este multimedios explicaron que decidieron guardar su dinero en el Banco Peravia, porque le ofrecían (como especie de carnada) una tasa de interés de tasa a plazo fijo anual que rondaba entre un 12% y un 16%, cuando la suma que habitualmente ofrecen las demás entidades bancarias no pasa del 7%.
El próximo paso macabro era proponer a quienes poseían cuenta de ahorro millonario que lo convirtieran en certificados financieros. Una vez que los clientes reclamaban los intereses prometidos, los principales ejecutivos los estafaban diciéndole que los certificados eran falsificados, procediendo de inmediato con una campaña de intimidación para que las personas desistieran de sus exigencias.
El 21 de este mes, la Superintendencia de Bancos intervino las oficinas del Banco Peravia, ubicado en la avenida Winston Churchill, número 77 de la capital. Poco después, el Banco Central a través de la circular 18425 confirmó la suspensión de operaciones de la entidad financiera.
Los principales ejecutivos del Banco de Ahorro y Crédito Peravia S.A, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray abandonaron el país un día antes (20 de noviembre), en medio de los reclamos de decenas de ahorrantes que solicitan les sean devueltos sus ahorros. En el Aeropuerto Internacional de Las Américas no se encontró ningún impedimento de salida impuesto a los ejecutivos de la entidad bancaria.
Desde 2011 hubo informaciones que llegaron a manos de las autoridades dominicanas sobre cuestionamientos éticos al pasado empresarial de José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray.
No obstante, medios periodísticos de Venezuela insistieron en publicaciones sobre la ilicitud de ciertas acciones de Santoro y Jiménez, e incluso la embajada dominicana en Venezuela recibió notificaciones sobre casos específicos de corrupción en los que habrían participado los señores dueños del Banco Peravia.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que el Ministerio Público fue quien advirtió a las autoridades monetarias del país las anomalías que estaban ocurriendo en el Banco Peravia, debido a que habían recibido más de veinte querellas contra la entidad.
De su lado, la Superintendencia de Bancos ha insistido en que la Fiscalía no le ha solicitado ningún reporte o documentación de la entidad bancaria.
“No hay ningún documento ni en la Fiscalía ni en la Superintendencia. La intención de las autoridades monetarias no es disolver bancos sino salvar aquellos que tienen problemas” dijo Domingo Páez, gerente de comunicaciones de la Superintendencia.
A esas declaraciones respondió vía su cuenta de Twitter la fiscal Berenice Reynoso: “Que la Superintendencia de Bancos diga que la Fiscalía no le había pedido información sobre caso del Banco Peravia es muy cuestionable…Parece que a la Superintendencia de Bancos se le olvidó que ellos pidieron a la Fiscalía un tiempo para tratar de salvar el Banco Peravia”.
Luis Ríos, uno de los abogados de los querellantes, expresó: “Los directivos del Banco Peravia contaban con el apoyo total de autoridades monetarias y financieras, ya que solo así era permitido ese tipo de barbaridades”.
