El Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano solicitó a los legisladores del Congreso Nacional la ratificación del Código Penal tal como fue aprobado por ambas cámaras.
Entre las razones que los mueve al reclamo está el hecho de que el artículo 37 de la Constitución dice claramente que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, por lo que “no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”.
Los clérigos insisten en que “la legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona, por demás indefensa, aunque esta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación.
“Alabamos y hacemos nuestra la preocupación por la vida de la madre, pero seríamos excluyentes y discriminatorios si sólo defendemos los derechos de la madre y condenamos a muerte al hijo que está en su vientre, que también merece del Estado, de sus progenitores y de toda la sociedad el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral”, tal como establece el artículo 38 de la Constitución”, explican los obispos.
Indican que el principio a tener en cuenta es que son dos vidas que están en juego, por lo que “el Estado tiene el deber y la obligación de ser inclusivo, y legislar para salvar las dos vidas, no para salvar una y condenar la otra”.
