La Paz.- Bolivia cerrará 2014 con acciones más drásticas contra la violencia de género, en respuesta a sucesivos reportes que mostraron durante el año un alza preocupante en el índice de víctimas de ese viejo flagelo.
El tema estuvo silenciado tras la promulgación de la Ley 348 en marzo de 2013 para poner coto a esos fenómenos, pero un informe divulgado en agosto pasado lo trajo de vuelta a escena y despertó la alarma del Gobierno y organizaciones políticas del país.
Estadísticas oficiales cifraron en más de 160 los casos de mujeres y niñas que murieron asesinadas a manos de sus parejas, familiares y de violadores en los últimos 12 meses.
Además, desde principios del año la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Feclv) recibió al menos 17 mil denuncias de maltrato contra las féminas, en tanto las defensorías de la niñez y la adolescencia acapararon más de 13 mil 500.
Pero el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer advirtió que esos números son mayores pues cada dos días se produce un feminicidio en el país y al menos una de cada 10 mujeres sufre algún tipo de ataque diariamente.
Ante esa drástica realidad, instituciones estatales y civiles unieron fuerzas en busca de mecanismos y acciones realmente efectivas para erradicar las agresiones y los crímenes contra las féminas.
La Feclv habilitó las primeras líneas telefónicas gratuitas en tres departamentos del país que reciben avisos las 24 horas del día sobre hechos de ese tipo y creó una unidad motorizada de atención inmediata al problema.
El equipo está autorizado a actuar contra cualquier persona implicada sin importar si son autoridades de alguna institución estatal, militar o civil.
Como parte de los esfuerzos contra el fenómeno, el gobierno boliviano también determinó que los maestros y policías con antecedentes de violencia intrafamiliar o contra una mujer no podrán postularse a cargos directivos.
Pero las ministras Amanda Dávila (Comunicación) y Nardi Suxo (Lucha contra la Corrupción) plantearon la aprobación de un decreto supremo para extender esa disposición a cualquier sector de la administración pública y a las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, el presidente Evo Morales calificó la situación de «muy grave» y urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional a diseñar nuevas medidas para contrarrestar las elevadas cifras de agravios y asesinatos registrados en los últimos tiempos.
En respuesta, el legislador David Sánchez aseguró que el Senado abrirá en breve el debate sobre el problema, se propone analizar posibles enmiendas a la Ley 348 y también una propuesta para que el Ministerio de Educación incluya el tema en el plan de estudios.
Asimismo, 30 organizaciones e instituciones sociales conformaron la alianza Libres sin Violencia para vigilar, controlar y registrar datos de las agresiones a las mujeres y la trata de personas.
El proyecto de momento abarca a 80 municipios y se propone dar seguimiento a las instancias estatales relacionadas con ambos temas, investigar la labor de los servicios judiciales en esos casos y demandar políticas para frenarlos.
Pero a la par de todas esas iniciativas, muchos expertos insisten en trabajar con las afectadas para lograr que denuncien su situación al menor indicio de maltrato contra ellas o a sus hijos.
Como en muchas sociedades patriarcales de Latinoamérica, en Bolivia gran parte de las mujeres temen y callan ante los ultrajes por razones como su dependencia económica de los agresores, la baja confianza en las autoridades y los tabúes, pues la cultura acepta la violencia intrafamiliar.
Es por eso que un elenco de profesionales y autoridades examina patrones comunes y busca establecer el perfil de conducta de un potencial agresor que puedan ayudar a las féminas a evitarlos a tiempo.
Si bien la nación suramericana es reconocida por sus avances en los últimos años en lo referido a la igualdad entre ambos sexos en lo político, económico y social, las actitudes machistas aun ensombrecen todo intento de empoderar y respetar los derechos de las mujeres.
Bolivia figura entre los países de la región que tipificaron el delito de feminicidio y lo sanciona con una condena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Ahora se esfuerza por generar más conciencia para desterrar de una vez la mentalidad machista, que además de lacerar durante décadas miles de hogares, empaña los logros y va contra los principios del proceso de cambios iniciado en 2006.
*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia
