En su informe anual sobre las violaciones de los derechos individuales en República Dominicana, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu), expresó que aunque gran parte de la violencia en el país se atribuye al alto grado de actividad delictiva de las pandillas, un importante porcentaje de los homicidios que se produjeron durante el 2014 fueron ejecuciones por parte de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), y la Policía Nacional (PN).
También consideró preocupante el incremento de las extorsiones por parte de agentes de la DNCD a jóvenes residentes en los barrios pobres del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y otras, de las cuales en los tribunales han tenido que poner en libertad a muchos de esos jóvenes apresados, torturados y luego sometidos a la acción de la justicia por drogas narcóticas.
Indicó que la impunidad en los casos de denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía es motivo de especial preocupación para el Conadehu.
Precisó que además el excesivo uso de la fuerza, no lo desarrolla exclusivamente las unidades policiales, sino miembros de los organismos investigativos del Estado, «y como es bien sabido por todos, el Conadehu, cuenta en su banco de datos con números y casos de personas a quienes le han colocado drogas y armas”.
No obstante esta problemática, explicó que instituciones como la Policía Nacional dan muestras fehacientes de avance efectivo en la protección y respeto de los derechos humanos con el sometimiento a la justicia de cientos de sus agentes acusados de este tipo de delitos y la separación de sus filas de otros tantos, lo que nos alienta a seguir adelante y estimular que las futuras jefaturas de la institución continúen la senda trazada por la administración que encabeza el mayor general Manuel E. Castro Castillo, “que a nuestro entender aplica una política de cero tolerancia a la transgresión de las prerrogativas ciudadanas por parte de sus subordinados”.
Justicia
El Conadehu expresó que existe una amplia desconfianza sobre falta de independencia del Poder Judicial y las denominadas altas cortes. Añadió: “Además es preocupante para nosotros como organismo de derechos humanos, la notable falta de independencia interna del poder judicial…».
Segregación
Sostuvo que la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género es sistemática en el país, y que la discriminación contra los miembros de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, quienes enfrentan la estigmatización política y jurídica, violencia e imposibilidad de acceso al sistema de justicia, además de intimidación, violencia y presiones en sus hogares y comunidades; así como asesinatos que nunca son resueltos por las autoridades competentes y en algunos casos que han sido flagrantes, solo duran meses.
República Dominicana fue uno de los primeros países que ratificaron la Convención de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 30 de marzo de 2007; no obstante, el organismo que crea esa ley, no cuenta con un plan para abordar de manera integral los derechos y otras consideraciones sobre la discapacidad a lo largo de las próximas dos décadas, por lo que es necesario tomar medidas importantes para hacer frente de manera adecuada a los desafíos que enfrentan las personas con capacidades distintas en nuestros país.
Las comunicaciones, la educación y el acceso a edificios, además de ciertas actitudes en la sociedad que podrían estar basadas en la ignorancia y la discriminación, uno de los obstáculos más difíciles que enfrentan las personas con discapacidad es en la búsqueda de empleo, donde hasta el mismo estado incumple con la cuota del 5% de la empleomanía para ser destinadas a personas con capacidades distintas. Las personas capacidades mentales distintas, se ven afectadas además por la falta de atención adecuada en los centros de salud mental.
