Guadalajara, Jalisco.- El Presidente Enrique Peña Nieto recibía elogios de todas partes del mundo. Su acierto: la aprobación de las reformas estructurales que se habían negado durante varios sexenios, el “Mexican moment” estaba en su apogeo.
Sin embargo, todo comenzó a cambiar el 26 de septiembre. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, decidió ir a botear (pedir dinero en botes) a Iguala, a una hora y media aproximadamente, justo en el día en que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se planeaba “destapar” como candidata para sustituir a su marido.
El matrimonio, que a decir del propio Abarca estaba bailando en un festejo con motivo del segundo informe de María de los Ángeles al frente del DIF, se enteró que los estudiantes arribaban al municipio y dieron la orden de reprenderlos para no aguar la fiesta.
Esa orden cambió los últimos cuatro meses del año y reflejó el nivel de corrupción que existe en la clase política.
Mientras Abarca y su esposa bailaban, los estudiantes de Ayotzinapa que viajaban en camiones que tomaron de la Central de Chilpancingo eran alcanzados por policías municipales de Iguala, que a decir de algunos normalistas presentes, comenzaron a dispararles sin mediar palabra.
En videos dados a conocer a lo largo del caso, se puede escuchar a los jóvenes pedir a los agentes que no disparen, porque “ya mataron a algunos compañeros”.
Los policías y presuntos delincuentes dispararon más de 400 veces a un camión en donde venía el equipo de Tercera
División Los Avispones de Chilpancingo. Un futbolista y el chofer murieron. Ese día hubo seis muertos: además de los miembros del equipo, tres normalistas y una mujer que viajaba en un taxi también fallecieron.
Los policías de Iguala detuvieron a 43 normalistas y se los llevaron. De acuerdo a algunos testimonios de oficiales que participaron en los hechos, al operativo también se unieron agentes municipales de Cocula, quienes ayudaron a entregar a los estudiantes a miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Cuatro días después, el edil José Luis Abarca se presentó en el cabildo acompañado de su esposa y solicitó licencia al cargo, no sin antes dar un discurso: “Deben investigarse y sancionarse en aras de la justicia y no dejar impunes a los actores, ya sean materiales o intelectuales de los atroces acontecimientos”.
Ésa fue la última vez que se vio a Abarca y su esposa, pues huyeron antes de que presuntamente llegaran a aprehenderlos los policías ministeriales. Una vez más, el nivel de infiltración del crimen organizado en la política se ponía en evidencia.
