Panamá.- Un vocero de la etnia panameña NgÃñbe Buglé reiteró la decisión inapelable de exigir el cierre definitivo de la hidroeléctrica Barro Blanco, que una transnacional levanta sobre el río Tabasará, en dominios de la Comarca indígena.
El próximo lunes es el plazo que dio el Gobierno de Panamá para la decisión final de la mesa de diálogo sobre la obra en conflicto, y quienes se oponen al proyecto están dispuestos a levantarse en todo el país contra la conclusión de la central eléctrica si ese es el fallo, dijo a la prensa Ricardo Miranda, del movimiento indígena M-10.
Este representante del pueblo NgÃñbe en las conversaciones, recalcó que el Gobierno debe pronunciarse por el pueblo y no a favor del capital extranjero, y denunció que Barro Blanco fue desde sus inicios impuesto a la fuerza, con policías, pero que hay muchas irregularidades en su ejecución.
«Hemos sido amigables, aceptamos y participamos en la mesa de diálogo, aportamos pruebas que demuestran que el proyecto no es viable, y esperamos que se emita un fallo a favor del pueblo», señaló Miranda.
Otras declaraciones similares fueron respondidas recientemente por el presidente del país Juan Carlos Varela, quien dijo que se decidirá lo que más convenga a todos los panameños y rechazó cualquier ultimátum.
La construcción costó a la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) unos 130 millones de dólares hasta el momento, cuando aseguran tener ejecutado el 95 por ciento de la obra.
En febrero de este año, la entonces Autoridad de Ambiente ※ahora Ministerio de Ambiente※ ordenó la suspensión temporal de la obra, tras encontrar discrepancias con el estudio de impacto ambiental.
Una semana después se inició el diálogo, donde participan los vecinos de las comunidades indígenas y campesinos que aseguran serán afectados, Genisa y el Gobierno, además de delegados de Naciones Unidas como mediadores.
Según los líderes nativos, la presa de la hidroeléctrica afectaría directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del Tabasará, e indirectamente a tres mil que dependen de ese afluente para sus actividades.
Genisa alega que no hay afectación alguna a la Comarca y solo incidirá mínimamente en 5,81 hectáreas de servidumbre de río que colinda con áreas anexas a comunidades indígenas, por lo cual -aseguró- suscribieron dos acuerdos de compensación con las autoridades comarcales.
