Las autoridades de Haití, unilateralmente dispusieron el cierre del mercado binacional de Dajabón, en una maniobra chantajista, en contra de la libre decisión de los dominicanos de repatriar a todos los extranjeros, en su mayoría nacionales haitianos, que no se acogieron al Plan de regularización migratoria que durante 18 meses y a un costo superior a los 2,000 millones de pesos implementó el gobierno dominicano, al que solamente lograron inscribirse 288, 486, debido a que un alto porcentaje de los nacionales haitianos que irregularmente residen en este territorio, carecen de documentación legal y las autoridades diplomáticas de su país se negaron a suministrárselas, lo que ocasionó que no pudieran beneficiarse de esa amnistía migratoria.
Ante esa realidad y la disposición de las autoridades dominicanas de repatriar a todos los que no se inscribieron y regularizaron su situación migratoria, las autoridades del vecino país han fortalecido su campaña de descrédito internacional, mediante la que nos acusan de xenófobos, racistas, en consecuencia de estar llevando a cabo los aprestos para una repatriación masiva de sus compatriotas, entre los que se incluyen descendientes de padres haitianos que nacieron dentro del territorio dominicano, advirtiendo que no serán recibidos en su territorio, por consiguiente quedarían en condición de “apátridas”; no obstante su propia Constitución, de establecer el derecho al jus-sanguinis, en virtud del cual los hijos de los haitianos nacidos fuera de su territorio son haitianos.
No es cierto que el protocolo de repatriación incluya a los nacidos en República Dominicana, pues estos están amparados en las facilidades otorgadas por la Ley Especial de Naturalización 169-14, en los acápites siguientes: A) los que nacieron en nuestro país y ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro y B) los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Respecto al primer grupo, la Junta Central Electoral, recientemente ha reconocido como buena y válida la inscripción en condición de dominicanos a 55,000 personas y en cuanto al segundo grupo, el Gobierno dominicano ha dado instrucciones precisas al Ministerio de Interior y Policía, para que se haga una especie de extensión de las facilidades que otorga la Ley 169- 14, en su acápite B, a fin de permitirles regularizarse mediante la utilización de cualquier constancia hospitalaria o certificación notariada del médico que llevó a cabo la labor de parto de la madre o de la comadrona si fuera ese el caso, o simplemente con el testimonio, también notariado, de tres dominicanos con arraigo material, social o laboral para obtener un estatus migratorio en República Dominicana.
Tal y como se puede ver hemos hecho y aun hacemos ingentes esfuerzos por resolver ese problema, sin recibir la cooperación de las autoridades haitianas, quienes tratan por todos los medios de evitar que el Estado dominicano ejerza su derecho soberano de repatriar a quienes, sin importar su nacionalidad residen irregularmente en su territorio, derecho irrenunciable que enfáticamente el Honorable Señor Presidente recientemente reiteró en la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Guatemala, al expresar lo siguiente: «Nuestro país tiene el derecho soberano de regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las leyes que nos rigen, igual que lo tienen y lo ejercen países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea. Por tanto, no vamos a permitir que continúe esta campaña sucia y de descrédito que hace oídos sordos a todas las garantías que hemos establecido para proteger a las personas y se prefiere anunciar una crisis humanitaria inexistente. Tampoco vamos a plegarnos a las falsas acusaciones de racismo o xenofobia, que carecen completamente de fundamento en un país caracterizado por el mestizaje desde hace siglos. No aceptaremos ese chantaje que nos amenaza con sanciones internacionales basándose en acusaciones que son absolutamente falsas. Sin embargo, pueden estar seguros de que nuestra soberanía no se pondrá en cuestión, ni porque llegue un turista más, ni por un centavo más de inversión».
Con la adopción chantajista de no permitir la entrada de productos dominicanos a Haití, las autoridades de ese país juegan a una especie de ruleta rusa, porque si bien es cierto que afecta en lo inmediato al comercio y la producción dominicana, la cual bien puede buscar otros nichos de comercio en el área el Caribe, Sur y Centroamérica; no es menos cierto que, a la larga, esa medida les acarreará grandes conflictos sociales internos a esa empobrecida nación, debido al inminente desabastecimiento que dicho chantaje les va a ocasionar. Solo basta esperar, porque respecto a la repatriación el congresista estadounidense del Distrito que de New York, Charles Rangel, aseguró que su nación está repatriando más dominicanos y haitianos a sus respectivos países que los ciudadanos haitianos que puedan ser devueltos desde territorio dominicano.
