El movimiento político por una vida digna, “Camina RD”, acusó este jueves al Gobierno, a la clase política tradicional y al sector patronal dominicano de utilizar el tema migratorio para hacer ver a los trabajadores haitianos como los responsables de los males del pueblo dominicano, cuando la culpa es de la corrupción, impunidad y las políticas públicas que favorecen el enriquecimiento constante de una pequeña minoría a costa de la miseria de mayoría.
“Es hora de que nuestro pueblo sepa que los enemigos realmente son los corruptos y los que permiten que roben con impunidad el dinero público”, expresó Juan Miguel Pérez, vocero de “Camina RD” durante rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Centro de Planificación y Acción Ecuménica (Cepae).
Pérez entiende que las élites políticas y económicas abordan con hipocresía el tema migratorio, porque obvian en sus intervenciones públicas que la contribución decisiva de la comunidad de trabajadores de origen haitiano y dominicano ha sido fundamental para levantar la República Dominicana en sus estructuras económicas.
“Al igual que lo hacen nuestros compatriotas en Estados Unidos o en Europa, donde reside cerca de una quinta parte de la población dominicana, es por el esfuerzo a base de sudor, lágrimas y sangre, que los pueblos humildes y pobres como los nuestros, pueden sobrevivir” sostuvo.
El movimiento político cree que el grueso de la intelectualidad dominicana y las fuerzas progresistas y liberales han callado o no han hecho lo suficiente para hacer avanzar las ideas de confraternidad, tolerancia y respeto hacia las poblaciones de ascendencia haitiana, la cual, a su juicio, han sido blanco de las peores y más reaccionarias corrientes políticas de nuestro siglo.
“Es hora de que los sectores liberales, progresistas y de izquierdas de nuestro país hagan frente común contra el régimen imperante de represión, atropello e inequidad para los pobres (no importa su nacionalidad) en República Dominicana”, concluyó el vocero de “Camina RD”.
Sin embargo, el movimiento, en su comunicado reconoce el derecho de todo Estado de poner orden en su política migratoria, también denuncia la existencia de graves casos de manipulación mediática en el tema.
