La pieza de la autoría del diputado del Movimiento Moda, Cristian Paredes, referida a la discriminación por razón de la sexualidad de las personas se conoce este martes en la Cámara Baja, en medio de encontradas opiniones.
El contenido del proyecto expresa que constituye discriminación por razón de la sexualidad toda acción o conducta realizada por el personal médico o institucional, en el contexto de la atención en salud, ejercidas mediante actos de naturaleza física, verbal, psicológica o a través de la intimidación, persecución o humillación, dirigidos a las personas por motivos de su orientación sexual o identidad de género.
Esos actos serían sancionados con penas de uno a dos años de prisión menor, multa de uno a dos salarios, y el cierre temporal por un período no mayor de tres años, o definitivo, del establecimiento comercial o la instalación directa o indirectamente envuelta en la infracción.
La pieza se refiere también a la diversidad sexual, reconociendo las diferentes expresiones de la sexualidad y la existencia de variadas orientaciones sexuales e identidades de género.
La legislación tiene por objeto establecer el marco jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de la regulación de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención de la salud sexual y la salud reproductiva, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.
El Ministerio de Salud deberá proceder con el diseño revisión y/o actualización de normas y protocolos que regulen el efectivo diagnóstico detección y la atención a la violencia en sus diferentes tipos.
Este lunes, la Red de Abogados Católicos criticó por medio de un comunicado ese anteproyecto, porque entendía que promovía el matrimonio entre personas de un mismo sexo. La respuesta no se hizo esperar del congresista Cristian Paredes aclaró que ninguno de sus artículos versa sobre el particular y añadió que la comisión de la Cámara Baja que lo estudió dio un informe favorable, pero que previamente fuera consensuado con los ministerios de Salud Pública, Educación, Educación Superior y otros sectores sociales.
