Debido a la incesante presión en torno al debate de la pieza de la autoría del diputado del Movimiento Moda, Cristian Paredes, que promueve la salud sexual y reproductiva, y establece en su artículo 64 que la mujer podrá solicitar la interrupción de un embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación cuando este haya sido causado por una violación sexual o incesto, dicho conocimiento fue pospuesto para próxima legislación.
El proyecto enfatiza que el embarazo podrá ser detenido por causas médicas, siempre y cuando concurran algunas de las circunstancias en las cuales existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, entre otras.
“La interrupción del embarazo no podrá ser realizada sin la participación de un médico especialista o bajo su supervisión directa, llevada a cabo en un centro de salud pública o privada acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, o de su representante legal, si la mujer sufre de alguna discapacidad mental”, reseña la pieza.
El artículo 85 expresa que la interrupción del embarazo practicada sin el consentimiento de la mujer será sancionada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos.
El contenido del proyecto también enfoca que constituye discriminación por razón de la sexualidad toda acción o conducta realizada por el personal médico o institucional, en el contexto de la atención en salud, ejercidas mediante actos de naturaleza física, verbal, psicológica o a través de la intimidación, persecución o humillación, dirigidos a las personas por motivos de su orientación sexual o identidad de género.
Esos actos serían sancionados con penas de uno a dos años de prisión menor, multa de uno a dos salarios, y el cierre temporal por un período no mayor de tres años, o definitivo, del establecimiento comercial o la instalación directa o indirectamente envuelta en la infracción.
La pieza se refiere a la diversidad sexual, reconociendo las diferentes expresiones de la sexualidad y la existencia de variadas orientaciones sexuales e identidades de género. Tiene pues, por objeto, establecer el marco jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de la regulación de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención de la salud sexual y la salud reproductiva, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.
Este lunes, la Red de Abogados Católicos criticó por medio de un comunicado ese anteproyecto, porque entendía que promovía el matrimonio entre personas de un mismo sexo. La respuesta no se hizo esperar del congresista Cristian Paredes aclaró que ninguno de sus artículos versa sobre el particular y añadió que la comisión de la Cámara Baja que lo estudió dio un informe favorable, pero que previamente fuera consensuado con los ministerios de Salud Pública, Educación, Educación Superior y otros sectores sociales.
