El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, José Ayú Prado, acumula siete denuncias presentadas ante la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional por presunta corrupción, se conoció hoy.
Supuesto abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas, corrupción de servidores públicos y peculado son las nuevas acusaciones con la máxima autoridad judicial del país, quien se libró de un juicio público con el archivo de otras ocho imputaciones, informaron los principales diarios.
La Comisión del legislativo desestimó el miércoles pasado el paquete de imputaciones por ocho votos a favor y uno en contra, sobre los cuales alegaron que no tenían elementos de convicción que sustentaran los hechos.
Los nuevos expedientes ponen en duda actuaciones de Ayú Prado en su cargo de procurador de la Nación en el anterior Gobierno y al frente de la CSJ; entre ellos, uno donde el exjuez Alexis Ballesteros asegura que fue presionado por él para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Por su parte, Carlos Lee, de la organización civil Alianza Ciudadana Pro Justicia, lo denunció por «injustificados gastos en viajes al extranjero y excesivos viáticos cobrados».
Ambos criticaron la actitud de los diputados en declarar nulos los anteriores cargos, y Ballesteros aseguró al periódico La Prensa: «Después de lo que ha ocurrido con otras, no puedo esperar más nada de la comisión de Credenciales».
El proceso no ha avanzado, no sé si es que existe algún pacto con la Asamblea, pero mi expectativa sobre el resultado que presenté con pruebas, no es muy alta, afirmó.
Mientras Lee indicó que la actitud de los parlamentarios de no investigar, deja un mensaje «muy negativo» sobre el rol constitucional que tienen que cumplir.
Otra de las denuncias fue realizada en 2014 por el sindicalista Mariano Mena, quien argumentó que en 2011, en su rol de procurador, Ayú Prado destruyó documentos e información de la investigación en el caso de hackeo al correo electrónico del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
En enero pasado revelaciones del magistrado Harry Díaz sobre irregularidades en lo interno de la CSJ desató una crisis en la institución, con acusaciones mutuas, tras la reelección del actual Presidente del ûrgano Judicial, a quien manifestaciones públicas de ciudadanos pidieron su renuncia.
Posteriormente nuevos elementos se agregaron contra Ayú Prado por la supuesta legalización del espionaje telefónico que actualmente juzga ese ûrgano.
La imputación, interpuesta por el abogado Rolando Sánchez Núñez ante la Asamblea Nacional el pasado 18 de enero, se basó en el relato que en septiembre pasado dio Rosendo Rivera (antiguo abogado del Martinelli) a Díaz, fiscal de la causa.
Rivera explicó entonces al canal Telemetro, cómo el actual presidente de la CSJ y Salomón Shamah, quien ocupó la cartera de Turismo en el anterior gobierno, idearon una nota de la CSJ con un número telefónico con destino a las fiscalías contra Drogas y contra la Delincuencia Organizada, para legalizar el espionaje a opositores.
