Dos jueces y la secretaria general del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Este, fueron sometidos por ante la Procuraduría General de la República, por supuesta falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos.
Los imputados son: los magistrados Lorenzo Salvador Zorrillo Núñez, y José María Vásquez Montero, y la secretaria Brunilda Veras de Mota, quienes están acusados de violar los artículos 145,1436 y 148 del Código Penal que tipifican los crimines de falsedad y uso de documentos públicos falsos.
En la querella piden que los tres sean condenados a 10 años de reclusión y al pago de una indemnización de RDS50 millones.
La acusación fue presentada por la familia Richiez Martínez, Richiez Serrano y Richiez Herrera, a través de los abogados Rosalinda Richiez Castro, Ricardo Ayanes Pérez y Salvador Catrain, quienes en rueda de prensa, afirmaron que el Central Romana quiere conocer el caso en los tribunales a la carrera antes de que hagan cambios en las Cortes y Suprema”.
El doctor Catrain informó que la querella tiene su origen en la listis sobre Derechos Registrados interpuesta por el Central Romana Corporación, el 19 de febrero de 2009, contra la familia Richiez y compartes en relación a una parcela ubicada en las playas de Higüey.
De acuerdo a la parte demandante los jueces hacen “constar que celebraron una audiencia que no se celebró, y la secretaria del tribunal en acta certificada admite que no fue celebrada la audiencia donde los jueces dictaron una sentencia denominada «Auto Especial”.
En virtud de que los jueces tienen una condición privilegiada el abogado Catrain pide al Procurador Francisco Domínguez Brito y al presidente del Consejo del Poder Judicial que agilicen el caso para hacer justicia.
