San Juan.- El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla solicitó este sábado a la junta de control fiscal que no incremente las medidas de austeridad en Puerto Rico, porque esto provocaría una situación intolerable para los ciudadanos.
«Una estrategia basada en la austeridad sólo privará a la economía de recursos para la inversión pública y privada necesaria para generar crecimiento económico», afirmó García Padilla al comparecer en Nueva York ante el organismo de control fiscal superpuesto al gobierno puertorriqueño por Estados Unidos.
El mandatario reconoció que hay que racionalizar el gasto y las políticas fiscales que promuevan la eficiencia, mas solicitó ‘proteger a los más vulnerables como resultado de la crisis fiscal de Puerto Rico’, lo que incluye a los adultos mayores, personas con discapacidad o de más bajos ingresos, dependientes de la seguridad social.
García Padilla compareció por primera vez ante el organismo federal, que celebró su segunda reunión en Nueva York, donde nuevamente se produjeron protestas de rechazo por boricuas de la diáspora.
La junta de control fiscal de siete miembros, creada mediante la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, es considerada como una salvaguarda a los intereses de los bonistas de Wall Street ante la bancarrota fiscal de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos.
El gobernador pidió proteger los ahorros de los puertorriqueños, garantizar la estabilidad del sistema de cooperativas de crédito y proporcionar una financiación adecuada para los planes de pensiones públicas.
‘La crisis es la culminación de décadas de políticas públicas equivocadas y sin escrúpulos en San Juan, Wall Street y Washington que nos colocan en un ciclo descendente del cada vez mayor déficit de explotación cubierto con endeudamiento público, siempre creciente cada vez a mayor coste de financiación’, dijo García Padilla.
Reconoció que aunque inicialmente no estaba de acuerdo con el enfoque del Congreso federal, su gobierno acoge la ley Promesa ante la posibilidad de un colapso financiero inminente de Puerto Rico, con una deuda pública de sobre 70 mil millones de dólares.
‘Mi gobierno tiene la intención de colaborar con la junta de control fiscal en la creencia de que este proceso conduzca pronto a la recuperación económica que nuestro pueblo merece’, apuntó durante su comparecencia en Nueva York.
Denunció que se ha enfrentado a presiones implacables para despedir a trabajadores, reducir las pensiones y pagar importes totales adeudados a cuatro tenedores de bonos.
‘La junta también recibirá esas presiones; pero hemos logrado garantizar los servicios esenciales y evitado un mayor deterioro económico por evitar las medidas de austeridad autodestructivas; me resistí a esa presión y ahora los animo a hacer lo mismo’, instó a los integrantes del organismo nombrados por el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos.
García Padilla solicitó una rápida evaluación para emitir una certificación de reestructuración de la deuda pública con el objetivo de establecer un plan de trabajo a corto plazo con la ayuda del gobierno federal de Estados Unidos ‘para llevar esta crisis económica y humanitaria a su fin’.
Solicitó al gobierno estadounidense asociarse al isleño en la recuperación de la economía de Puerto Rico, puesto que si las cosas no cambian, ‘terminaremos los próximos 10 años con un déficit acumulado de 34 mil millones de dólares’.
