Santo Domingo, R.D.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, solicitó una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que permanecen las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país, a fin de determinar si se respetan sus derechos fundamentales y la dignidad humana.

Romero expresó preocupación por las denuncias y situaciones que pudieran estar afectando las garantías de los internos, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes realicen una evaluación objetiva de las condiciones físicas de las cárceles y de los procedimientos utilizados para la custodia de los reclusos.

El legislador recordó que el artículo 120 del nuevo Código Penal establece sanciones de entre 20 y 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para la persona depositaria de autoridad o encargada de un servicio público que incurra en actos de tortura o barbarie.

En ese sentido, sostuvo que la privación de libertad debe ejecutarse dentro del marco establecido por las leyes y con estricto respeto a la integridad, los derechos y la dignidad de las personas.

Romero planteó que la investigación también debe determinar cuáles son los protocolos aplicados por el personal responsable de la custodia, así como verificar la existencia y efectividad de los mecanismos destinados a recibir, investigar y responder las denuncias formuladas por los internos.

El senador consideró, además, que los resultados de cualquier proceso de investigación deben ser dados a conocer con transparencia y que, en caso de comprobarse irregularidades, se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, abogó por la adopción de medidas correctivas que permitan evitar la repetición de eventuales abusos o violaciones dentro del sistema penitenciario.

Romero reiteró su llamado a las autoridades responsables a fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia de los centros de reclusión, con el objetivo de garantizar que el sistema penitenciario funcione bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y dignidad de las personas privadas de libertad.