CARACAS.– La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa marcada por graves desafíos, pese a algunas mejoras registradas durante 2026, según un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
El organismo advirtió este miércoles que las instituciones estatales señaladas como responsables de la represión, así como las estructuras relacionadas con graves violaciones de derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad, permanecen esencialmente intactas.
El informe señala que después del ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro se produjo una reducción significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas.
Asimismo, las autoridades venezolanas liberaron a cientos de personas detenidas por razones políticas y permitieron un margen mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, los investigadores consideran que estos cambios no han estado acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejoría duradera de los derechos fundamentales.
Persisten leyes contra la disidencia
La misión de la ONU alertó que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes, mientras los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen, en lo fundamental, las mismas estructuras, políticas y prácticas.
El organismo también señaló que funcionarios previamente identificados en investigaciones por graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando posiciones de importancia dentro del aparato estatal.
De acuerdo con el informe, las mejoras registradas desde enero podrían ser parciales y reversibles si no se producen transformaciones institucionales que permitan desmontar las estructuras vinculadas a la represión.
Denuncian torturas y malos tratos
La misión también documentó nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.
Según los investigadores, recibieron información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, además de denuncias sobre condiciones degradantes en centros penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
Aunque el número de presos políticos se ha reducido tras las excarcelaciones, organizaciones no gubernamentales citadas por la misión estiman que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por razones ideológicas.
La misión también identificó nuevos arrestos de corta duración utilizados, según sus conclusiones, para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros sectores de la sociedad civil.
Reformas pendientes
Los expertos de Naciones Unidas sostienen que una mejora sostenida requeriría reformas profundas de las instituciones de seguridad y justicia, además de cambios en las normas empleadas para restringir la disidencia y una investigación efectiva de las denuncias de abusos.
El informe incorpora además un análisis sobre los llamados “colectivos”, grupos civiles armados progubernamentales a los que la misión atribuye vínculos con estructuras estatales y una participación histórica en actos de intimidación y violencia.
La misión concluye que la disminución de algunas de las formas más severas de represión constituye un cambio relevante, pero no equivale por sí sola a una transformación del sistema que permitió las violaciones denunciadas.
Fuente: ONU / EFE / Reuters.
