GUAYAQUIL, Ecuador.– La Justicia ecuatoriana rechazó el recurso de habeas corpus presentado para evitar la detención del expresidente Abdalá Bucaram, quien es requerido para comparecer ante un tribunal que deberá emitir sentencia en un proceso por presunta delincuencia organizada.
La acción fue interpuesta por María Rosa Pulley, esposa del exmandatario, quien argumentó que la orden de detención pone en riesgo la vida y la salud de Bucaram, debido a su avanzada edad y a las enfermedades que padece, entre ellas una patología cardíaca considerada de gravedad.
Sin embargo, los magistrados de la Corte Provincial de Justicia del Guayas desestimaron los argumentos y decidieron mantener vigente la orden de detención emitida por un tribunal de Quito, según informaron medios ecuatorianos.
Policía deberá vigilar el hospital
La orden de detención fue emitida el pasado jueves, luego de que por sexta ocasión no pudiera instalarse una audiencia en la que los jueces tenían previsto dar a conocer su decisión sobre el proceso judicial.
Ante las reiteradas suspensiones, los magistrados dispusieron que la Policía mantenga una “vigilancia permanente” en los alrededores del hospital donde permanece Bucaram y que proceda a su captura una vez reciba el alta médica.
El expresidente ha alegado problemas de salud para justificar su ausencia en las audiencias. El pasado 26 de agosto, sus abogados y familiares informaron que había sido ingresado de emergencia debido a una intervención cardíaca.
Aunque posteriormente fue dado de alta, ingresó nuevamente a otro centro médico el lunes siguiente, precisamente cuando estaba prevista la audiencia. La diligencia fue aplazada para el jueves, pero nuevamente sus defensores comunicaron que Bucaram permanecía hospitalizado porque no se había recuperado de la intervención.
¿De qué acusa la Fiscalía a Bucaram?
La Fiscalía ecuatoriana acusa al expresidente, a su hijo Jacobo Bucaram y a otras dos personas de presuntamente haber colaborado, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura dedicada a obtener beneficios económicos mediante la comercialización de pruebas para detectar la COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
De acuerdo con la investigación, la organización habría comercializado unas 21,000 pruebas para la detección del coronavirus, además de otros productos utilizados en el sistema sanitario.
Las autoridades sostienen que dos ciudadanos israelíes habrían participado en el traslado de las pruebas, bajo custodia de agentes de tránsito, hasta una vivienda vinculada al exmandatario. Uno de esos ciudadanos fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Según la Fiscalía, Bucaram también habría almacenado otros insumos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas utilizadas para la toma de muestras.
Un juicio marcado por aplazamientos
El proceso judicial comenzó formalmente el 11 de abril de 2025, aunque la causa ha sufrido numerosos aplazamientos desde 2022.
Durante el juicio han comparecido alrededor de 50 personas entre peritos y testigos, cuyos testimonios forman parte de las pruebas utilizadas por la Fiscalía para sustentar la acusación.
Ahora, tras el rechazo del habeas corpus, la orden de detención contra Bucaram continúa vigente y las autoridades esperan que pueda ser trasladado ante el tribunal para escuchar la sentencia correspondiente.
