Santo Domingo.- El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, instruyó a los directores y comandantes de la institución que estén obligados por ley a presentar su declaración jurada de patrimonio a cumplir con este requisito en un plazo máximo de 30 días, bajo advertencia de destitución.
La disposición está contenida en un memorándum dirigido a los directores centrales, regionales y de áreas, así como a los comandantes departamentales de la Policía Nacional.
Rodríguez García recordó que los funcionarios comprendidos en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento de Aplicación 92-16 deben cumplir con esta obligación ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El documento establece que el plazo de 30 días comenzará a contar a partir de la recepción del memorándum.
La advertencia del nuevo jefe policial es directa: quienes no cumplan con la disposición “quedarán inmediatamente destituidos de la función”, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a los reglamentos internos de la institución.
La Ley 311-14 establece la obligación de determinados funcionarios públicos de presentar una declaración jurada de patrimonio y contempla consecuencias para quienes incumplan con este mandato dentro de los plazos establecidos.
La medida constituye una de las primeras disposiciones adoptadas por Rodríguez García tras asumir la Dirección General de la Policía Nacional y coloca el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales entre las prioridades para los distintos niveles de mando.
Rodríguez García asumió sus nuevas funciones el pasado 18 de agosto, luego de ser designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 558-26, disposición que también contempló su ascenso al rango de mayor general.
Con esta instrucción, el nuevo director general establece un período de 30 días para que los mandos policiales obligados por ley regularicen su situación patrimonial y deja clara la consecuencia interna para quienes no atiendan el requerimiento: la destitución de la función, además de las sanciones que establezcan las normas vigentes.
