SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió sobre posibles riesgos jurídicos y económicos del anteproyecto que busca reformar la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales. Además, pidió al Poder Ejecutivo realizar una revisión técnica antes de continuar con el trámite de la iniciativa.
La posición figura en una comunicación firmada por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. El documento fue dirigido al presidente Luis Abinader, al ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
Finjus reconoce la necesidad de actualizar una legislación que durante casi dos décadas ha regulado parte de la actividad empresarial dominicana. Asimismo, considera válidos los objetivos de mejorar la competitividad y simplificar los procesos societarios.
Sin embargo, la entidad entiende que la magnitud de los cambios requiere mayor análisis. Por ello, plantea revisar varios aspectos antes de avanzar con la propuesta.
Finjus cuestiona cambios en la constitución de sociedades
Entre las principales objeciones aparece el Formulario Declaratorio de Constitución. Según Finjus, este documento pasaría a convertirse en el principal acto constitutivo de las sociedades.
Mientras tanto, los estatutos quedarían como un elemento opcional. La entidad considera que este cambio podría generar dudas sobre la estructura jurídica de las empresas.
Además, Finjus cuestiona la eliminación de la Sociedad por Acciones Simplificada. Esta figura forma parte de las opciones disponibles para organizar determinadas actividades empresariales.
La fundación también objeta la eliminación del comisario de cuentas. En ese sentido, advierte que el anteproyecto no establece con suficiente claridad qué mecanismo asumiría el control contable independiente.
Reforma podría generar altos costos empresariales
Por otra parte, Finjus expresa preocupación por el régimen de transición previsto para unas 300,000 sociedades registradas en el país.
La entidad estima de manera preliminar que los procesos de adecuación podrían generar costos de entre RD$9,000 millones y RD$24,000 millones para el sector empresarial. No obstante, aclara que esta proyección requiere respaldo técnico y mayor precisión.
En consecuencia, Finjus considera necesario evaluar el impacto económico de la reforma antes de su aprobación. También plantea definir con claridad cómo las empresas existentes deberán adaptarse a las nuevas disposiciones.
Señalan problemas de técnica legislativa
Finjus identifica además posibles problemas de técnica legislativa dentro del anteproyecto. Entre ellos menciona referencias cruzadas e inconsistencias relacionadas con los conceptos de nulidad y anulabilidad.
Asimismo, advierte sobre posibles contradicciones con la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos. Por tanto, considera necesario revisar la propuesta para evitar conflictos entre diferentes normas.
Finalmente, Finjus sostiene que modernizar la legislación societaria puede ser positivo para el país. Sin embargo, entiende que la reforma debe garantizar seguridad jurídica y reducir posibles costos para las empresas. Por ello, pidió una revisión técnica profunda antes de continuar el proceso legislativo.
