Hay guerras que terminan cuando callan los fusiles. Otras continúan durante generaciones. La guerra de la Restauración pertenece a estas últimas.

El 16 de agosto de 1863 no fue simplemente el inicio de una campaña militar para expulsar a las tropas españolas. Fue la decisión de un pueblo de recuperar la República que apenas dos años antes había sido entregada con la anexión. Los restauradores entendieron que la independencia proclamada en 1844 no era un derecho adquirido para siempre. Había que defenderla una y otra vez.

Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Benito Monción, José Antonio Salcedo, Santiago Rodríguez y tantos otros héroes nacionales no combatieron únicamente por un territorio. Lucharon para restaurar la dignidad de una nación.

Hoy nadie propone una nueva anexión. Sin embargo, las instituciones de defensa nacional también pueden deteriorarse cuando se debilitan los principios que les dan fortaleza. La pérdida casi nunca comienza con grandes decisiones. Empieza con pequeñas concesiones que, por repetirse, terminan pareciendo normales.

Recuerdo una época en que solo el presidente de la República tenía asignado un oficial general para su seguridad (1966-1978). El vicepresidente contaba con un coronel de la Policía Nacional. No era un asunto de privilegios, sino de respeto por el significado del rango.

Un oficial general o almirante salido de la fragua del cuartel, previo el cumplimiento de los requisitos académicos y la experiencia en el indispensable ejercicio del mando debe representar el umbral de una carrera, desempeñándose donde su experiencia estratégica resulte necesaria.

Hoy vemos oficiales generales destinados a funciones que poco tienen que ver con la naturaleza de su jerarquía. No cuestiono la necesidad de proteger a determinados funcionarios. Lo que preocupa es que, al utilizar un rango tan alto para tareas que podrían ejercer otros militares de menor jerarquía, se termine disminuyendo el valor institucional de ese grado.

Hay otra señal que tampoco debería pasar inadvertida, como el irrespeto a la autoridad, los símbolos y las tradiciones con el mal uso del uniforme e insignias que a corta distancia se confunden con lo que sólo está autorizado por ley a los militares y policías.

Uno de los mayores deberes de quien ejerce el mando militar no es limitarse a ejecutar, sino asesorar con lealtad y fundamento al poder civil. Si una decisión, aun proveniente del más alto nivel, puede afectar la moral, la disciplina, el mérito o la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, corresponde al jefe militar exponer, con absoluto respeto institucional, las razones técnicas y profesionales por las que esa medida no conviene al interés del servicio. Ese es el verdadero liderazgo disruptivo: decir lo que debe decirse, aunque no siempre sea lo que se desea escuchar.

El militar principiante no debe creer que las relaciones pesan más que la preparación; que la cercanía al poder vale más que el mérito; que el futuro depende menos del desempeño profesional que de una recomendación oportuna.

Las grandes instituciones se erosionan cuando aquello que antes parecía inaceptable termina viéndose como parte del paisaje. Entonces el mérito pierde terreno frente a la conveniencia y el honor comienza a depender de intereses ajenos al ethos militar.

La guerra de la Restauración nos dejó una enseñanza que va mucho más allá del combate. Restaurar significa corregir el rumbo cuando los principios comienzan a ceder. Significa tener el valor de defender lo que da prestigio a una nación y a sus instituciones.

La batalla que aún no termina no se libra en los campos de Capotillo ni en las lomas del Cibao. Se libra todos los días en la defensa del mérito, del respeto por los rangos, de la ley y de “la dignidad institucional”.

En víspera de esta gran efeméride nacional, esa también es una forma de honrar a los restauradores de 1863.