Bogotá. Abelardo de la Espriella asumirá este viernes la Presidencia de Colombia con la promesa de imprimir un giro radical al rumbo del país y enfrentar una serie de desafíos que marcarán el inicio de su administración, entre ellos la inseguridad, la crisis del sistema de salud, el déficit fiscal y la gobernabilidad.

El nuevo mandatario llega al poder con una agenda política opuesta a la del presidente saliente, Gustavo Petro, lo que anticipa un escenario de intensos debates en un país que permanece dividido tras la ajustada segunda vuelta electoral celebrada el pasado 21 de junio.

De la Espriella obtuvo 12.9 millones de votos, equivalentes al 49.66 % del total, frente a los cerca de 12.7 millones alcanzados por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien recibió el 48.70 % de los sufragios. La estrecha diferencia ha alimentado cuestionamientos por parte del oficialismo saliente, que mantiene reservas sobre el resultado electoral.

Gobernar sin mayoría legislativa

Uno de los principales obstáculos del nuevo presidente será la gobernabilidad. El Pacto Histórico se mantiene como la mayor fuerza política en el Congreso con 26 senadores y 43 representantes a la Cámara, mientras que el Centro Democrático, principal partido de derecha y soporte del nuevo Gobierno, contará con 17 senadores y 30 representantes.

A ello se suman diferencias que ya comienzan a surgir entre algunos sectores aliados y el equipo presidencial, lo que podría dificultar la aprobación de las principales reformas.

Analistas consideran que la nueva administración deberá construir consensos y atender las demandas de las regiones donde el respaldo electoral favoreció a la oposición, con el propósito de consolidar su legitimidad.

Seguridad, la prioridad del Gobierno

La recuperación del orden público figura como la principal bandera de la nueva gestión.

De la Espriella anunció una política de mano dura contra los grupos armados ilegales y advirtió que quienes permanezcan al margen de la ley tendrán un plazo para someterse a la justicia, descartando nuevas concesiones similares a las impulsadas por el anterior Gobierno.

La situación de seguridad se ha deteriorado en los últimos años. De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante 2025 los grupos armados incrementaron su fuerza en un 23.5 %, alcanzando más de 27,000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo.

Entre las organizaciones con mayor presencia figuran el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas FARC.

Para ejecutar esta estrategia, el presidente designó como ministro de Defensa al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, quien cuenta con una trayectoria de 36 años en el Ejército y experiencia en inteligencia, operaciones especiales y planificación estratégica.

Crisis del sistema de salud

Otro de los desafíos más urgentes será rescatar el sistema sanitario colombiano, afectado por el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de servicios médicos, las dificultades para acceder a tratamientos y el creciente endeudamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las deudas acumuladas por las EPS superan los 25.7 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 7,140 millones de dólares.

Para encabezar esta transformación, De la Espriella nombró como ministra de Salud a Ana María Vesga, reconocida especialista en el sector y hasta hace pocos días presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Tras su designación, Vesga aseguró que trabajará para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar una atención más eficiente para los pacientes.

Agenda económica y social

Además de la seguridad y la salud, el nuevo Gobierno deberá responder a otros retos como el fortalecimiento de la educación, la reducción del déficit fiscal y la preparación del país frente a los efectos del fenómeno climático de El Niño, que amenaza con provocar una intensa sequía en varias regiones.

La nueva administración también enfrenta el desafío de preservar la estabilidad institucional y mantener los avances sociales alcanzados durante el Gobierno anterior, mientras impulsa un modelo de gestión con un enfoque político y económico diferente.