Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó medidas de coerción contra Miguel Ángel Guzmán Gómez y Misael (Israel) Mejía Hernández, imputados de presuntamente falsificar documentos societarios con el propósito de despojar de sus derechos a los socios mayoritarios de la empresa Blue Energy Power, S.R.L., encargada de la gestión integral del relleno sanitario y del arrendamiento del vertedero municipal de San Cristóbal.

La acción fue depositada ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras una querella con constitución en actor civil presentada por el doctor Melchor Antonio Alcántara Martínez y el ingeniero Ramón Emilio Cruz, quienes alegan haber sido víctimas de un esquema fraudulento para apropiarse de sus participaciones societarias.

De acuerdo con el expediente acusatorio, los querellantes eran socios legítimos de Blue Energy Power, sociedad constituida en noviembre de 2020 y que posteriormente adquirió importancia estratégica tras firmar un acuerdo con el Ayuntamiento de San Cristóbal para la administración del relleno sanitario y el arrendamiento del vertedero municipal.

El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían actuado de manera coordinada para modificar la estructura accionaria de la empresa mediante la utilización de documentos presuntamente falsificados.

Entre las evidencias cuestionadas figuran un acto de venta de cuotas sociales, un acta de Asamblea General Extraordinaria y una nómina de asistencia, todos con fecha del 5 de junio de 2024. Según la acusación, estos documentos fueron utilizados para simular la transferencia de las participaciones de los querellantes a favor de Misael Mejía Hernández.

Como parte de las pruebas, el órgano acusador incorporó el informe pericial No. 0-0298-2025, elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cual concluye que las firmas atribuidas a Melchor Antonio Alcántara Martínez y Ramón Emilio Cruz en los documentos impugnados no corresponden a sus firmas auténticas.

Audiencia continuará en septiembre

Al concluir la audiencia, el abogado Rafael Sena, representante legal de los querellantes, informó que el tribunal aplazó el conocimiento del caso hasta el próximo 8 de septiembre, con el objetivo de que la defensa de los imputados pueda estudiar tanto la acusación presentada por el Ministerio Público como la acusación subsidiaria interpuesta por la parte querellante.

El jurista afirmó que sus representados poseen el 66 % de las acciones de Blue Energy Power y sostuvo que la documentación presuntamente falsificada buscaba despojarlos del control de una empresa que, según dijo, fue desarrollada con su inversión y esfuerzo.

«Estas personas falsificaron toda la documentación necesaria para intentar despojar a nuestros clientes de sus derechos sobre una empresa que ellos levantaron con mucho esfuerzo y que hoy cuenta con los permisos ambientales para operar la recolección y disposición de desechos sólidos en San Cristóbal», declaró Sena.

El abogado también denunció que los imputados habrían realizado diversas maniobras para impedir el acceso de los accionistas a la información societaria y retrasar el avance de la investigación.

Asimismo, indicó que, aunque comparte la calificación jurídica formulada por el Ministerio Público, considera que los hechos podrían configurar otros delitos de mayor gravedad, motivo por el cual la parte querellante presentó una acusación complementaria.

Sena señaló que la investigación iniciada en 2024 permitió reunir pruebas documentales y periciales que, a su juicio, fortalecen la acusación y respaldan la tesis de que los documentos utilizados para modificar la composición accionaria de Blue Energy Power fueron falsificados.

La continuación de la audiencia fue fijada para el 8 de septiembre, fecha en la que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá los incidentes pendientes y dará seguimiento al proceso judicial.