Las recientes declaraciones del senador oficialista por Montecristi, Bernardo Alemán, no pueden verse como un simple exabrupto de campaña ni como una frase sacada de contexto. Lo expresado públicamente por el legislador constituye una grave amenaza contra los principios democráticos y una alarmante confesión sobre la forma en que algunos sectores entienden el ejercicio del poder político en la República Dominicana.

Decir abiertamente que “si hay que trancar gente” o “si hay que secuestrar” para ganar elecciones, no solo resulta escandaloso, sino profundamente peligroso para una sociedad que durante décadas ha luchado por fortalecer sus instituciones y garantizar procesos electorales transparentes y civilizados.

Las palabras del senador de Montecristi revelan una cultura política basada en la intimidación, el abuso de poder y el uso de métodos coercitivos para imponer intereses particulares. Más preocupante aún es que las afirmaciones fueron hechas con aparente naturalidad, como si secuestrar opositores o impedir votaciones fuera parte legítima de una estrategia electoral.

Una fuente de entero crédito, cuya identidad se omite por razones de seguridad, aseguró que el comportamiento atribuido al legislador no sería un hecho aislado ni una simple provocación verbal. Según explicó, Bernardo Alemán arrastra desde hace años un historial de actuaciones cuestionables y episodios turbios en el ejercicio político dentro de Montecristi, incluyendo situaciones graves que —afirma— habrían estado vinculadas incluso a hechos violentos y muertes.

Aunque muchas de esas denuncias nunca han sido investigadas con profundidad por las autoridades, la fuente sostiene que en distintos sectores de Montecristi existe temor de enfrentar políticamente al senador debido a los métodos que presuntamente utiliza para ejercer control e influencia.

El problema va más allá de un audio viral o de una entrevista en una emisora local. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje que se envía a la sociedad cuando un representante electo admite sin reparos que estaría dispuesto a restringir la libertad de ciudadanos para garantizar resultados electorales.

En cualquier democracia seria, declaraciones de esta naturaleza provocarían investigaciones inmediatas, sanciones partidarias y un amplio rechazo institucional. Sin embargo, en República Dominicana muchas veces estos hechos terminan diluyéndose entre la polarización política, la impunidad y el silencio cómplice de sectores que prefieren mirar hacia otro lado.

Las expresiones de Bernardo Alemán constituyen una falta de respeto a la democracia, al Estado de derecho y a los ciudadanos de Montecristi. Ningún dirigente político puede colocarse por encima de la ley ni actuar como si las elecciones fueran una guerra donde todo está permitido.

La política no puede seguir degradándose hasta convertirse en un espacio donde las amenazas, la intimidación y la violencia sean vistas como herramientas normales de competencia electoral. La sociedad dominicana merece representantes comprometidos con el respeto institucional y no figuras que promuevan prácticas propias del autoritarismo y el miedo.

El país necesita respuestas claras. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Junta Central Electoral y el Ministerio Público están obligados moralmente a pronunciarse ante unas declaraciones que atentan directamente contra la convivencia democrática y la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Guardar silencio frente a este tipo de conducta sería contribuir a normalizar lo inaceptable.

“Resulta preocupante la cercanía mostrada por algunos comunicadores de la provincia con el senador Bernardo Alemán luego de sus polémicas declaraciones. La reunión proyecta una imagen de complacencia frente a expresiones que han sido ampliamente cuestionadas por distintos sectores. Asimismo, la posterior visita del comandante general del Ejército ha generado interpretaciones sobre un posible respaldo político, lo que aumenta el debate sobre el mensaje institucional que se transmite en medio de esta controversia.”

QUE RENUNCIE

Ante la gravedad de sus declaraciones, Bernardo Alemán debería presentar su renuncia inmediata al Senado de la República, no solo por respeto a la investidura que ocupa, sino por responsabilidad democrática frente al país. Un representante público que admite estar dispuesto a “trancar” o “secuestrar” personas para obtener ventajas electorales pierde autoridad moral para legislar en nombre de los ciudadanos.

El presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno deben comprender que minimizar o guardar silencio ante este tipo de conducta podría convertirse en un grave costo político e institucional. La sociedad dominicana observa atentamente cómo reaccionará el oficialismo frente a unas expresiones que contradicen los valores democráticos y el discurso de transparencia que el propio gobierno dice defender.