EE.UU. rechaza el “lawfare”: La manipulación judicial socava la democracia

Leah Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana reiteró su compromiso con el respeto al estado de derecho y la defensa de la institucionalidad democrática, al tiempo que rechazó cualquier intento de utilizar los procesos judiciales con fines políticos.

La posición fue expresada por la embajadora estadounidense en el país, Leah F. Campos, quien, mediante una declaración oficial, señaló que “Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al estado de derecho y la preservación de la gobernanza democrática”.

La diplomática sostuvo que Washington “rechaza categóricamente cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos”, advirtiendo que estas acciones afectan la integridad de las instituciones democráticas y erosionan la confianza pública en los sistemas de justicia.

“Un sistema de justicia justo, independiente y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y salvaguardar los principios democráticos a nivel mundial”, expresó Campos.

En su declaración, la embajadora también hizo referencia a la experiencia política estadounidense, afirmando que el pueblo norteamericano fue testigo de casos de “lawfare” dirigidos contra el presidente Donald Trump, los cuales —según indicó— fueron rechazados de manera contundente en las urnas electorales.

La declaración de la representante diplomática se produce en momentos en que distintos sectores políticos y sociales dominicanos mantienen debates sobre la judicialización de la política y el uso de los tribunales en conflictos de carácter partidario.

Gonzalo Castillo recupera visado estadounidense

En medio de este escenario, trascendió además la reposición del visado estadounidense al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quien había enfrentado restricciones migratorias tras verse vinculado a procesos judiciales en el país.

La devolución del visado ha sido interpretada por sectores políticos como una señal de distensión en torno a la situación judicial y personal del exministro de Obras Públicas, cuyo nombre estuvo ligado a investigaciones del Ministerio Público relacionadas con presuntos actos de corrupción administrativa.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre la reposición del documento migratorio, manteniendo la política habitual de no comentar casos individuales de visas.

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