En toda sociedad seria, la memoria institucional debe descansar sobre hechos verificables que relaten lo acontecido y no sobre noticias que omitan reflejar la novedad tal cual se cristalizó, para crear un relato agradable a la vista del público, pero alejado de la realidad a través de hechos imaginarios.

Cuando se tergiversa la narrativa —por ejemplo, de una operación antidrogas—, se desvirtúa la historia y se comete una injusticia con quienes participaron en la acción.

Esa deformación, aunque a veces parezca menor ante el brillo fugaz de un titular, termina pasando factura a la verdad y al sentido de justicia que debe regir en la vida pública.

En no pocos casos, la Armada Dominicana ha quedado desplazada de la centralidad de la acción, apareciendo como si hubiera brindado una suerte de apoyo complementario, cuando en realidad su participación ha sido esencial.

Se emplean sus unidades navales, su logística, su personal especializado y su capacidad táctica, pero al momento de retratar el hecho, se le desplaza a un segundo plano.

Es preciso decirlo con claridad. La llamada “unidad táctica” a la que a veces se alude con cierta ambigüedad tiene nombre, formación y pertenencia: son los comandos anfibios de la Armada. No se trata de un detalle semántico, sino de una precisión técnica indispensable.

No está en discusión la importancia de la cooperación entre organismos. La lucha contra el narcotráfico exige coordinación, inteligencia, voluntad política y acción interinstitucional.

Mas ello no debe invisibilizar las capacidades navales que no se improvisan, requieren años de formación, inversión sostenida, mantenimiento costoso y una disposición permanente al sacrificio.

La situación resulta preocupante cuando se observa que las partidas presupuestarias asignadas a la Armada no siempre guardan proporción con ese uso intensivo de personal y recursos de la institución, a fin de mantener su listeza operacional a lo largo del tiempo.

Al César lo que es del César. El uso intensivo de las capacidades de nuestros marinos ha sido históricamente decisivo en el momento culminante de las operaciones. Ese esfuerzo implica desgaste material, exigencia operativa y compromisos humanos de enorme envergadura.

Las instituciones armadas no solo necesitan reconocimiento protocolar; requieren respaldo real. Y ese apoyo comienza con la narrativa profesional y fidedigna. La percepción pública de los hechos debe provenir de la descripción precisa de los mismos.

En caso de perpetuarse, esa costumbre podría crear una cultura basada en apariencias que desdibuja al que trabaja en silencio como consecuencia de una inexactitud comunicacional.

Frente a la narrativa equivocada, la verdad documentada sigue siendo la mejor defensa del honor. Y cuando se trata de la Armada, de sus marinos, de sus comandos anfibios, de sus unidades y de su sacrificio cotidiano, decir la verdad no es un gesto de cortesía: es un acto de justicia.