Las víctimas de la violencia política de los Doce Años entre 1966 y 1978 no fueron sólo los jóvenes izquierdistas que prefirieron combatir a Balaguer con tiros en vez de ideas o votos.

Muchos de ellos, entrenados ideológica o militarmente en países comunistas, bajo la dialéctica de la guerra fría, procuraban continuar la revolución de 1965 pese a cuán harto estaba el pueblo de sangre, pólvora y miseria. Y no tiraban flores al Gobierno: mataban guardias y policías, asaltaban bancos y billeteros, secuestraban empresarios españoles y diplomáticos estadounidenses, apoyaban la ridícula guerrillita de Caamaño en 1973, rehusaban participar en la incipiente democracia, incitaban a la sedición y la ilegalidad más violenta.

No eran niños exploradores ni del coro de cantores de Viena. Con más justificación que los centenares de asesinatos terroristas de inocentes por estos revolucionarios, fueron mal matados muchos valiosos jóvenes como Amín Abel y también otros, lúmpenes antisociales. La guerra no distingue la calidad humana de sus víctimas.

El pueblo sí diferencia entre quiénes merecen sus votos y quiénes no; estos termocefálicos nunca sacaron ni una gata a orinar. Por tanto, me extraña y hiere que un Gobierno democrático, contrario a las dictaduras como la cubana o nicaragüense que deseaban imponer aquí a tiros esos terroristas, procure contemporizar con los escasos remanentes de esa ideología caduca y desprestigiada.

Usar la libertad de expresión para socavar el orden público en procura de subvertir la democracia es un crimen, no un acto heroico. Igual que como defendía su comunismo Orlando Martínez, condecorado ayer póstumamente por “denunciar lo que muchos preferían callar, aun conociendo los riesgos que implicaba”, para mí sería una traición a mis valores democráticos aplaudir en esta triste ocasión.