La guerra entre Israel e Irán ya no es un escenario hipotético. Es una realidad en desarrollo con implicaciones económicas globales. Entre tú y yo, aunque el conflicto ocurra a miles de kilómetros, sus efectos podrían sentirse con rapidez en la República Dominicana.
La principal preocupación internacional es el petróleo. El foco está en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial. Cualquier interrupción parcial del flujo energético en esa zona provoca aumentos inmediatos en los mercados internacionales, y los precios ya han comenzado a reaccionar ante la escalada del conflicto.
Para países productores de petróleo, los aumentos pueden representar ingresos extraordinarios. Para países importadores, como el nuestro, significa exactamente lo contrario: más costos, más inflación y mayor presión fiscal.
República Dominicana depende casi totalmente de combustibles importados para el transporte, la generación eléctrica y buena parte de la actividad productiva. Cuando el petróleo sube, aumenta el costo de la electricidad, del transporte de mercancías y de la producción agrícola. Ese efecto termina trasladándose al precio de los alimentos y servicios básicos que paga la población.
Los organismos internacionales han documentado este fenómeno. El Banco Mundial estima que aumentos significativos en los precios del petróleo elevan la inflación en los países importadores y presionan los subsidios energéticos, afectando directamente las finanzas públicas. No se trata de una posibilidad teórica, sino de un patrón económico repetido en cada crisis energética global.
Pero el elemento más delicado en nuestro caso es la situación fiscal. El país mantiene una deuda pública cercana al 60 % del producto interno bruto y una estructura de gastos rígidos en salarios, pensiones, subsidios y pago de intereses. Cuando un Estado tiene compromisos financieros elevados, su capacidad de absorber shocks externos se reduce significativamente.
Si el petróleo se mantiene alto durante semanas o meses, el Gobierno enfrentará un dilema complejo: trasladar el aumento a los consumidores —con impacto directo en la inflación y el costo de vida— o ampliar subsidios para contener el efecto social, lo que incrementaría el déficit y la deuda. Ninguna opción es cómoda.
El impacto tampoco se limitaría a la energía. Las crisis geopolíticas suelen desacelerar economías como Estados Unidos y Europa, principales fuentes de turistas y remesas hacia nuestro país. Menor crecimiento en esas regiones significa menos visitantes, menos divisas y menor dinamismo económico interno.
Las crisis internacionales funcionan como pruebas de resistencia. Los países con finanzas públicas sólidas y menor dependencia energética resisten mejor. Aquellos con altos niveles de deuda y poca capacidad fiscal quedan más expuestos.
Entre tú y yo, el verdadero problema no es solo la guerra. El verdadero problema es nuestra vulnerabilidad frente a ella.
Un conflicto lejano puede convertirse en inflación doméstica, presión social y más endeudamiento. Puede obligarnos a gastar recursos que no tenemos y frenar el crecimiento cuando más lo necesitamos.
Las guerras no preguntan si estamos preparados. Simplemente ocurren.
Por eso, la mejor defensa económica de un país no está en las armas, sino en la fortaleza de sus finanzas públicas, su capacidad productiva y su independencia energética.
Porque cuando el mundo se sacude, las economías frágiles tiemblan primero.
Y la verdadera seguridad nacional se mide cuando la tormenta empieza lejos… pero termina tocando la puerta.
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