Diversas investigaciones y procesos judiciales han identificado a empresarios y exfuncionarios venezolanos que han refugiado capitales en la República Dominicana, a menudo vinculados a esquemas de corrupción o al entorno directo del gobierno del depuesto presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en los Estados Unidos, junto a su esposa Cilia Flores.
Los tres principales
Samark López Bello: Identificado por autoridades estadounidenses como testaferro del régimen venezolano. Se le han confiscado propiedades de lujo en la República Dominicana como parte de investigaciones por lavado de dinero.
Alejandro Andrade: El extesorero nacional de Venezuela, condenado en Estados Unidos, mantuvo activos e intereses en el país, incluyendo caballos de paso fino y propiedades inmobiliarias vinculadas a procesos de lavado de activos.
Víctor Vargas (Grupo BOD): Aunque es un empresario de larga trayectoria, su entidad financiera en el país enfrentó una quiebra que dejó a miles de ahorrantes afectados. Investigaciones como «Chavismo Inc.» han explorado sus conexiones con la élite política venezolana para expandir sus negocios.
El «Clan de Contratistas»: Investigaciones han señalado a grupos de contratistas de PDVSA que utilizaron el sector inmobiliario de lujo en zonas como Cap Cana y La Romana para ocultar fortunas obtenidas mediante contratos estatales.
Incautaciones Recientes
En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos informó sobre la incautación de activos en República Dominicana valorados en más de 700 millones de dólares, vinculados a redes de corrupción del chavismo.
A principios de 2026, tras eventos políticos en Venezuela que incluyeron la captura de Nicolás Maduro, el flujo de capitales y la protección de estos activos han sido objeto de mayor escrutinio internacional y local.
Investigación de «Chavismo Inc.»
Este proyecto transnacional ha documentado cómo República Dominicana se convirtió en uno de los principales destinos para el «capitalismo bolivariano», destacando inversiones en el sector turístico y financiero que se sospecha provienen de fondos públicos venezolanos desviados.
