El gobierno de Donald Trump habría ordenado una investigación sobre las inversiones realizadas por personas vinculadas al chavismo en países de Latinoamérica; reflejándose principalmente a República Dominicana y Panamá, las naciones con mayor volumen de financiaciones y bienes identificados de afines al gobierno de Nicolás Maduro.
Los datos de incautaciones y rastreos financieros recientes permiten destacar que Maduro y su entorno habrían invertido más de 1,200 millones de dólares en el país caribeño; más de 700 millones de estos han sido confiscado.
Las inversiones en el país provienen tanto de grandes empresarios como de migrantes que han establecido pequeñas y medianas empresas, destacándose proyectos en plazas comerciales, hoteles y avicultura; además de mansiones, aeronaves y embarcaciones, que operan desde puertos y aeropuertos dominicanos.
La inversión venezolana en República Dominicana es significativa, que por otro lado alcanza los $550 millones de dólares en diversos sectores como turismo, comercio y servicios.
Una fuente dijo a DominicanosHoy que el turismo, energía, comercio, industria (hierro y acero) y servicios son áreas con fuerte presencia de capital venezolano.
Diversas investigaciones periodísticas y procesos judiciales han señalado la presencia de capitales vinculados al entorno del gobierno venezolano en República Dominicana.
En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos informó sobre la incautación de activos valorados en más de US$700 millones pertenecientes a una red criminal vinculada a Nicolás Maduro. Entre los bienes identificados en República Dominicana se encuentra, una mansión, aeronaves, dentro de ellas un avión Dassault Falcon 900EX incautado en territorio dominicano en operativos previos (septiembre de 2024), el cual era operado para beneficio de Maduro y sus afiliados, proyectos turísticos y «clanes» de contratistas.
Investigaciones como “Chavismo Inc”, han documentado cómo excontratistas de PDVSA y figuras del entorno chavista han utilizado a la República Dominicana como refugio para capitales.
Un excontratista de PDVSA fue identificado como la cara visible de un grupo desarrollador de un importante proyecto turístico en 2013, conocido como Downtown Punta Cana.
Otro chavista, conocido como el «zar de los seguros», ha sido vinculado a la propiedad de múltiples apartamentos de lujo y plazas de garaje que posteriormente fueron objeto de transacciones bajo investigación por lavado de dinero.
A inicios de 2026, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra familiares y allegados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ambos presos en Nueva York, señalándolos de integrar redes de «narcocorrupción» con ramificaciones financieras internacionales que impactan la región del Caribe.
Se menciona un sobrino de Cilia Flores y asociados vinculados a estructuras ilícitas de lavado de dinero que han operado en países vecinos. Las autoridades dominicanas, en coordinación con organismos internacionales, mantienen vigilancia sobre inversiones en bienes raíces y el sector financiero para evitar el blanqueo de capitales proveniente de la corrupción administrativa en Venezuela. Se han detectado sociedades pantalla utilizadas para la compra de viviendas y activos de alto valor por parte de personas investigadas en tramas de corrupción transnacional.
Otro es señalado por Estados Unidos como testaferro de un exministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, el cual poseía una lujosa villa en un complejo turístico del Este del país que fue allanada por las autoridades dominicanas en 2019. En septiembre de 2025, figuraba en listas de captura internacionales, y sus activos en la isla han estado bajo la lupa de redes de lavado de dinero.
Otro empresario fue vinculado a una red de corrupción de la Tesorería Nacional de Venezuela ha sido investigado por la propiedad de inmuebles de lujo y activos financieros en el país, utilizados presuntamente para ocultar fondos de origen ilícito.
El sector inmobiliario en zonas exclusivas del Este de República Dominicana ha sido el destino preferido para «refugiar» fortunas vinculadas a contratistas del chavismo, a menudo mediante sociedades pantalla para evadir sanciones.
