(A los amigos que aún miran el presente con lentes del pasado: este texto no pretende negar la historia, sino dialogar con ella desde la responsabilidad ética que nos impone el mundo actual.)
Vivimos en un mundo distinto, donde las potencias (no solo Estados Unidos) actúan en función de intereses geopolíticos compartidos. Se coordinan, negocian y trazan líneas de acción frente a fenómenos transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo y la descomposición de Estados capturados por economías criminales. La geopolítica contemporánea no se rige por idealismos ni por discursos morales absolutos, sino por correlaciones de poder que atraviesan fronteras y obligan a repensar los límites clásicos de la soberanía.
La historia latinoamericana ofrece razones suficientes para desconfiar de cualquier forma de intervención externa, particularmente de los Estados Unidos. Golpes de Estado promovidos o tolerados, imposiciones económicas y tutelajes políticos dejaron cicatrices profundas en la memoria regional. Ignorar ese pasado sería irresponsable. Pero también lo sería analizar el presente con categorías congeladas en los siglos XIX y XX, como si el mundo no hubiera cambiado y como si las amenazas actuales no desbordaran por completo los marcos tradicionales del Estado-nación.
Los acontecimientos recientes en Venezuela, marcados por una escalada de tensión internacional sin precedentes y por decisiones tomadas fuera del marco institucional venezolano, reabren con fuerza el debate sobre soberanía, intervención y legitimidad del poder.
Más allá de las posiciones encontradas y de las narrativas en disputa, el hecho vuelve a colocar a América Latina frente a una pregunta incómoda: ¿qué significa hoy defender la soberanía cuando el poder ha dejado de responder a la voluntad popular?
Cuando un gobernante cómo Nicolás Maduro y su régimen, manipulan elecciones, violan la Constitución y secuestran las instituciones para perpetuarse en el poder, no ejercen soberanía: la usurpan. Allí donde se anula el voto y la alternancia, la autodeterminación ha sido negada.
Como duartiano, valoro la soberanía como una responsabilidad ética fundada en la voluntad del pueblo y en el respeto a la Constitución. Juan Pablo Duarte entendió la independencia como inseparable de la democracia; por eso toda dominación externa o interna, la traiciona.
Cuando un gobernante cómo Nicolás Maduro y su régimen, manipulan elecciones, violan la Constitución y secuestran las instituciones para perpetuarse en el poder, no ejercen soberanía: la usurpan. Allí donde se anula el voto y la alternancia, la autodeterminación ha sido negada.
La autodeterminación de los pueblos sigue siendo un principio irrenunciable, pero no puede convertirse en coartada para legitimar Estados capturados por el crimen. Cuando un gobierno deja de ser, aunque sea de forma precaria, expresión de la voluntad popular y se transforma en una estructura sostenida por la represión, la corrupción, la violencia, el narco trafico y economías ilícitas, la noción misma de soberanía se vacía de contenido. En ese contexto, el debate internacional no puede reducirse mecánicamente a la dicotomía entre intervención y no intervención, sino que debe reconocer cuándo un Estado ha dejado de actuar en nombre de su pueblo y se ha convertido en su principal amenaza.
La acusación de terrorismo de Estado no surge del exceso retórico, sino de prácticas sistemáticas del poder de muchos años. Un gobierno incurre en terrorismo de Estado cuando utiliza el miedo, la persecución, la violencia selectiva y la criminalización del disenso como método de control político. Cuando el poder se sostiene sin consentimiento real y se preserva mediante la intimidación, deja de ser gobierno y se transforma en dominación. A ello se suma la degradación extrema que supone la conversión del Estado en plataforma de economías criminales, donde el delito se vuelve política y la política se vuelve negocio.
En esas condiciones, la soberanía deja de ser un atributo real del Estado para convertirse en una palabra vacía, invocada por élites que han secuestrado el poder y negado al pueblo su derecho elemental a elegir, corregir y sustituir a sus gobernantes.
Lo verdaderamente lesivo para una nación no es la presión internacional sobre un régimen degradado, sino la prolongación del secuestro institucional que condena a millones al hambre, al exilio y al silencio.
