Por:Claudia Fernández
Panorama Reportaje.- Contaminación extrema en todos los sentidos. Radioactividad, alta peligrosidad, falta de políticas reales y de voluntad política. ¿Dónde van a parar los desechos hospitalarios? A todas partes. Un barril letal a punto de estallarnos en plena cara. Las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la norma… Muy bien, gracias. Miran hacia otro lado. Todos en peligro, nadie está a salvo.
Imagine estar sobre una bomba a punto de hacer explosión o implosión, no se sabe cuál es peor, lo cierto es que así estamos en República Dominicana ante la inoperancia y falta de supervisión en cuanto al manejo, selección y disposición final de los desechos hospitalarios y farmacéuticos que se generan diariamente en el país. La dejadez oficial se ha entronizado en este aspecto.
Un laberinto de leyes, normas, decretos, disposiciones, reglamentos, ordenanzas, convenios internacionales y otras cositas más, repartidos entre una maraña de instituciones que tienen a su cargo velar por la supervisión y cumplimiento de lo que establecen los anteriormente mencionados, dan por resultado la inoperancia total y definitiva ante un problema con un alto potencial de destrucción ambiental y un grave riesgo para la salud pública en general.
Para el destacado ambientalista, presidente de la Comisión Ambiental de la UASD y miembro de la Academia de Ciencias, Luis (Cucho) Carvajal, “a pesar de todo el andamiaje legal existente, este no se respeta en ningún sentido”. ¿Razones? Un tinglado de entidades encargadas de la vigilancia y supervisión de estos desechos altamente peligrosos, pero todas se mantienen de brazos cruzados, sin hacer nada.
“Ese marco legal nunca se ha cumplido en lo más mínimo. Lo primero es que ha habido muchos conflictos de aplicación por intereses de naturaleza económica”, entre las entidades que tienen a su cargo todo el engranaje del manejo y disposición final de los residuos hospitalarios, explica el ambientalista.
Dichas instituciones, los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, son los rectores de todo el tinglado, y le siguen la Comisión Nacional de Energía y finalmente, los ayuntamientos, que no deberían tener vela en este entierro, pero la irresponsabilidad de las rectoras, los obliga al manejo directo e inadecuado de dichos residuos, todos peligrosos, aunque en distinto grado de letalidad.
Porque la verdad ha de ser dicha y es cierto que, al final, la responsabilidad recae sobre las alcaldías, que tienen a su cargo únicamente el manejo y disposición final de los residuos estándar, es decir, la basura común y corriente.
Una normativa creada en el papel, pero en realidad, no sirve para nada
La norma que rige toda la estructura de manejo, etiquetado y disposición final de los residuos hospitalarios en general, todos considerados de alta peligrosidad, entre los que se encuentran los infecciosos, tecnológicos, biológicos, radioactivos, cortopunzantes, está contenida en el decreto 126-09, sobre los desechos y residuos generados por los centros de salud y afines, emitido el 14 de febrero de 2009, por el entonces presidente Leonel Fernández.
El artículo 2 de dicho reglamento establece de manera clara y precisa que la norma “se aplicará a todas las instalaciones en el ámbito nacional, tanto públicas como privadas, relacionadas con la prestación de servicios de salud y afines que generen desechos infecciosos, radioactivos y biológicos”.
En este marco reglamentario se engloba tanto a clínicas y hospitales, consultorios médicos y odontológicos, farmacias, laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, establecimientos farmacéuticos de producción, como en los farmoquímicos, humanos y veterinarios.
