El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, manifestó este martes su rechazo rotundo a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC), otorgue una nueva prórroga al Congreso Nacional para continuar con el proceso de revisión y adecuación del Código Procesal Penal, específicamente respecto a la Ley 10-15, declarada previamente inconstitucional por ese mismo tribunal.
Trajano Potentini advirtió que permitir una extensión del plazo implicaría que el Tribunal Constitucional volvería sobre sus propios pasos, creando un precedente improcedente y contrario a la seguridad jurídica del país. Recordó que fue el propio TC quien estableció en 2024 que sus decisiones son definitivas e inmutables, por lo que una prórroga equivaldría en la práctica a permitir una revisión de sus sentencias, algo expresamente prohibido por la Constitución y por la jurisprudencia consolidada. (ver sentencia TC. 0694/24)
El presidente del CARD señaló que en los debates legislativos recientes se han promovido cambios que constituirían una contrarreforma al Código Procesal Penal, entre ellos la ampliación de la prisión preventiva y otras medidas restrictivas que atentan contra las garantías procesales y los avances consagrados en la Ley 10-15. Indicó que estas propuestas no representan el espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional ni responden a las expectativas de la ciudadanía, que demanda una normativa respetuosa de los derechos fundamentales y orientada al fortalecimiento institucional.
En ese sentido, el Colegio de Abogados reiteró su posición institucional: el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 tal como fue aprobada originalmente, sin alteraciones, respetando el procedimiento legislativo correspondiente a las leyes orgánicas. Potentini afirmó que solo después de completada esta ratificación y con plena certeza jurídica, el Congreso podría iniciar nuevas discusiones para evaluar eventuales modificaciones futuras, siempre que se realicen bajo los mecanismos constitucionalmente establecidos.
El CARD advirtió que solicitar o conceder una prórroga implicaría llevar al propio Tribunal Constitucional a un despropósito, forzándolo a una situación de inseguridad jurídica en la que su autoridad interpretativa se vería comprometida. «Lo que se impone ahora no es buscar una prórroga, sino proteger la institucionalidad, ratificar la Ley 10-15 tal y como estuvo vigente en 2015 y luego abrir otros debates si el Congreso lo considera pertinente», sostuvo Potentini.
Con esta posición, el Colegio de Abogados hace un llamado a los poderes públicos a actuar con responsabilidad, respeto a la Constitución y coherencia con la doctrina y precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, evitando acciones que puedan socavar la estabilidad del sistema jurídico dominicano.
