El canciller Roberto Álvarez, quien se encuentra fuera del país, aseguró que desde hace más de un año se están haciendo gestiones para que Estados Unidos reanude la Ley Hope/Help, un incentivo que permite exportar ropas producidas en Haití al mercado estadounidense con altos niveles de subsidios.
El vencimiento de los programas estadounidenses HOPE y HELP, que durante 19 años permitieron a Haití exportar prendas de vestir libres de aranceles al mercado de Estados Unidos, generó preocupación entre legisladores por el impacto económico que tendría en el país vecino y que, en consecuencia, provocaría que más indocumentados huyan a República Dominicana.
De su lado, el senador Omar Fernández, quien es miembro de la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, sostuvo que la desaparición de este régimen especial de comercio amenaza con cerrar fábricas y dejar sin sustento a miles de trabajadores haitianos que hasta ahora tenían segura una fuente de estabilidad.
Consideró que esa pérdida de empleos puede convertirse en un detonante para que más ciudadanos crucen la frontera en busca de sobrevivir en territorio dominicano, lo que, a su juicio, convierte la renovación de la ley en una medida urgente por el impacto migratorio que pesaría sobre el país.
El fin de la ley estadounidense pondría en riesgo cerca de 26,000 puestos de trabajo directos en Haití y más de 9,000 vinculados en la República Dominicana, especialmente en zonas francas de la frontera.
Confía en renovación
El presidente de la Compañía de Desarrollo Industrial (CODEVI), Fernando Capellán, expresó su optimismo respecto a la renovación de la legislación Hope-Help en Estados Unidos, la cual constituye un soporte clave para la industria textil instalada en la frontera dominico-haitiana.
Capellán destacó que estos programas, vigentes desde 2006, otorgan beneficios arancelarios a las exportaciones haitianas que integran componentes estadounidenses y dominicanos, creando un esquema de cooperación regional que dijo beneficia a las tres naciones involucradas.
El Gobierno, a través de la Cancillería y del Ministerio de Industria y Comercio, está gestionando en Washington una extensión del programa por al menos diez años más, con el objetivo de preservar la estabilidad laboral y aprovechar las oportunidades que ofrece Estados Unidos con la ley.
