La abogada experta en derecho administrativo Yulibelys Wandelpool advirtió que la nueva Ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas, pese a incorporar avances importantes en inclusión y sostenibilidad, también introduce disposiciones que reducen los controles éticos en la contratación estatal, lo que —a su juicio— abre una peligrosa puerta a los conflictos de interés.
“Permitir que familiares cercanos como tíos y sobrinos contraten con el Estado es legalizar una relación de proximidad que debería estar restringida”, afirmó.
Wandelpool emitió estas declaraciones en una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, conducido por los periodistas Manuel Jiménez y Carlos Arturo Guisarre y transmitido por Teleimpacto, canales 52 y 22.
En el espacio televisivo, analizó en profundidad los puntos fuertes y las debilidades de la ley promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo, cuya entrada en vigor está pautada para enero de 2026.
Entre los aspectos positivos, Wandelpool reconoció que la ley fortalece la participación de sectores tradicionalmente marginados en los procesos de compras estatales.
Se aumenta de 20% a 25% la cuota para mipymes, y se duplica de 5% a 10% la participación obligatoria para mipymes lideradas por mujeres. También se incluyen referencias específicas al cooperativismo, a los jóvenes emprendedores menores de 35 años y a la prioridad de compras locales desde los ayuntamientos, en beneficio de los productores y empresarios de cada demarcación.
Asimismo, valoró positivamente la incorporación del enfoque de sostenibilidad, que otorga un marco legal robusto a las políticas de compras responsables desde el punto de vista medioambiental. “Es una medida alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales del país”, sostuvo.
Sin embargo, la experta fue enfática en señalar que hay disposiciones que representan retrocesos en materia de control y ética pública.
En particular, criticó la reducción de los impedimentos por consanguinidad del tercer al segundo grado, lo que permite ahora que funcionarios contraten con familiares como tíos o sobrinos. “Esos son vínculos familiares con carga emocional y cercanía directa. Que la ley los permita, aún sin dolo, crea una brecha ética peligrosa”, puntualizó.
Wandelpool también expresó reservas respecto a la nueva figura del “contratista especialísimo”, definida por la ley como alguien que puede ser contratado por su capacidad técnica, artística o por su “confianza con la institución”.
Para ella, esta redacción es ambigua y susceptible de ser malinterpretada o utilizada como vía para justificar contrataciones discrecionales. “El término ‘confianza’ no puede ser argumento suficiente para contratar sin licitación. Podría prestarse a prácticas clientelares disfrazadas de legalidad”, alertó.
En cuanto a las sanciones, explicó que la nueva ley establece faltas administrativas de tercer grado para quienes violen el régimen de contrataciones, lo que podría conllevar destitución del cargo e inhabilitación para contratar con el Estado por cinco años.
No obstante, aclaró que estas medidas no aplican a funcionarios electos, como legisladores o alcaldes, lo que deja un vacío importante en la igualdad ante la ley.
Finalmente, Wandelpool hizo un llamado a utilizar el período de vacatio legis —vigente hasta enero de 2026— para revisar y corregir los aspectos más controversiales mediante el reglamento de aplicación.
“Hay elementos progresivos en esta ley, pero si no se afinan sus detalles, puede convertirse en un instrumento contradictorio: por un lado promueve inclusión, y por otro facilita zonas grises de corrupción”, concluyó.
