Santo Domingo, RD. -Los funcionarios involucrados en el caso de los militares propietarios de empresas de seguridad privada recibían desde un 5 hasta un 10% de soborno por concepto de cada factura pagada.
La solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público refiere el caso, a modo de ejemplo, de un funcionario que recibió 35 millones de pesos por ese concepto.
Precisa que esos funcionarios manipulaban las licitaciones que hacían las instituciones gubernamentales que requerían servicios de seguridad privada, a fin de asegurarse que los seleccionados fueran aquellos dispuestos a cumplir con los pagos ilícitos.
Militares implicados usaron intermediarios para ocultar sobornos y debilitaron mecanismos de supervisión
Sostiene que las empresas que se comprometían a pagar dichos sobornos, eran contratadas, independientemente de si cumplían o no con los requisitos técnicos económicos establecidos en las convocatorias de licitaciones.
Indica la solicitud de medida de coerción, que esos militares debilitaron, deliberadamente, los mecanismos de supervisión, subordinando el sistema de recepción de servicios a los directores de seguridad, quienes actuaban como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales.
Precisa que utilizaron intermediarios para canalizar los sobornos, con el propósito de ocultar la identidad de los funcionarios beneficiarios y dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.
Señala la solicitud de medida de coerción, que los intermediarios actuaban como enlaces entre las empresas contratistas y los servidores públicos, recibiendo los pagos y distribuyéndolos conforme a los acuerdos previamente establecidos dentro de la estructura criminal.
Manipulación de licitaciones permitió la contratación de empresas sin requisitos técnicos adecuados
“Para honrar la recepción de los sobornos, los funcionarios vinculados cometieron múltiples violaciones a la ley, incluyendo la usurpación de funciones por parte de miembros del Comité de Compras, la manipulación de evaluaciones técnicas, la adjudicación irregular de contratos y la flexibilización arbitraria de cláusulas contractuales”, señala textualmente la medida de coerción.
Indica que esos funcionarios realizaron pagos indebidos por servicios no prestados, sobrecostos por ampliaciones del contrato no autorizadas, facturación previa a la adjudicación formal de contratos y la omisión de retenciones impositivas, lo que implicó pérdidas millonarias para las arcas públicas.
Señala que realizaron maniobras fraudulentas al presentar documentación inconsistente, incluyendo certificados de personal no cotizantes, licencias vencidas y capacitaciones inexistentes o simuladas, lo que evidencia una intención deliberada para cometer las conductas atribuidas a estas y sus gerentes.
Sostiene que los militares implicados cobraron al Estado mediante el uso de facturas antedatadas, certificaciones ficticias y el control simulado o inadecuado de la recepción del servicio contratado.
Dice la medida de coerción, que en ese contexto, “hemos detectado que la adquisición de servicios de seguridad privada por parte del Estado dominicano ha estado coaptada, desde hace décadas, por prácticas corruptas, identificándose un patrón que consiste en acaparar contratos cuantiosos, en provecho de unas pocas compañías a cambio de la entrega de sobornos.-elnacional.com.do
