La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) anunció formalmente el retiro de la querella que había interpuesto contra el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, en relación con el manejo del derecho al uso de suelo en los territorios municipales, una decisión que se da tras un acuerdo institucional con el Poder Ejecutivo que promete destrabar un conflicto de larga data en materia de planificación urbana y descentralización territorial.
Pedro Richardson, secretario ejecutivo de FEDODIM, informó sobre el retiro durante una entrevista en el programa “Propuesta de la Noche”, que conduce el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22.
Richardson explicó que esta acción legal se había convertido en un recurso extremo tras más de tres años de insistencia para que se aplicara correctamente la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, uso de suelo y asentamientos humanos.
“Anunciamos al país, con satisfacción y sentido institucional, que FEDODIM y 27 distritos municipales han decidido desistir de las acciones judiciales iniciadas en diferentes jurisdicciones del país. Esto ocurre gracias al compromiso formal del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien ha asegurado que en los próximos días se pondrá en marcha el reglamento de aplicación de la ley”, expresó Richardson.
El dirigente municipalista subrayó que la ley en cuestión requiere de al menos ocho reglamentos para su implementación plena, pero que el relativo al uso de suelo es el más importante por su impacto directo en la gestión del territorio.
Indicó que, de acuerdo al censo de 2010 —vigente legalmente hasta que se oficialicen los resultados del de 2022—, hay al menos 26 distritos municipales que superan los 15,000 habitantes y que, por tanto, deben contar con su propia oficina de planeamiento urbano.
“Estamos hablando de garantizar que los gobiernos locales tengan la capacidad técnica para planificar y ordenar el desarrollo de sus comunidades. Para ello, FEDODIM ha creado una Unidad de Planeamiento Urbano y Programación que ya está operativa desde hace más de dos años y que acompaña técnicamente a los distritos en proyectos estratégicos”, indicó.
Richardson destacó que la mayoría de los municipios carece de oficinas técnicas debidamente estructuradas, debido a limitaciones presupuestarias y de recursos humanos.
“Se requiere una estructura mínima con ingenieros civiles, arquitectos urbanistas, agrimensores, sociólogos, expertos en transporte, economistas y abogados. La realidad es que pocos distritos pueden costear eso por sí solos, por lo que FEDODIM asumió ese rol de apoyo”, sostuvo.
En cuanto al conflicto con el Ministerio de Vivienda, Richardson dejó claro que no se trataba de un enfrentamiento personal ni político.
“No era nada contra el ministro Bonilla. Por el contrario, tengo gran respeto por él y su familia, que ha contribuido al país. Esta querella fue una acción institucional tomada por el consejo directivo de FEDODIM, que agrupa 235 gobiernos locales, y se buscaba una sola cosa: hacer cumplir la ley”, recalcó.
Aprovechó para reiterar que la correcta distribución de los arbitrios municipales y el respeto a las competencias locales son claves para garantizar el desarrollo ordenado del territorio.
Puso como ejemplo el caso del distrito municipal Verón-Punta Cana, donde, según explicó, se han producido situaciones injustas en la distribución de recursos entre el municipio cabecera (Higüey) y el distrito productivo, lo cual la ley busca corregir.
Sobre este punto, Richardson denunció que en varios casos, como el de Verón y otros distritos con alto desarrollo económico, se han desviado ingresos hacia municipios que no ejecutan obras en esos territorios.
“Eso es insostenible. La ley y la Constitución reconocen la autonomía municipal y eso incluye el derecho a percibir y administrar los arbitrios generados en su territorio. La nueva legislación busca poner fin a esas distorsiones históricas”, puntualizó.
En la parte final de su intervención, Pedro Richardson abordó también el impacto político de esta victoria institucional. “FEDODIM ha demostrado que se puede incidir en las políticas públicas sin necesidad de conflictos partidarios.
Esto fortalece la democracia local y envía un mensaje claro: los gobiernos locales tienen que ser tomados en cuenta si queremos un desarrollo equilibrado del país”, afirmó.
Asimismo, resaltó la actitud receptiva del Gobierno del presidente Luis Abinader en este tema, destacando que “pese a que existían diferencias, se logró encaminar una solución mediante el diálogo y el respeto institucional”.
Para Richardson, el retiro de la querella no solo resuelve un impasse legal, sino que abre una nueva etapa de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y las autoridades locales, en beneficio del ordenamiento territorial y la descentralización efectiva.
