La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que su administración no se opondrá a las órdenes migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la posible pérdida de fondos federales destinados a ayudas sociales y a la reconstrucción de la Isla.
Su posturase dio a conocer tras una reunión en La Fortaleza con altos funcionarios del gobierno federal, en la que se discutieron los recientes operativos de detención y deportación de inmigrantes con estatus irregular en Puerto Rico.
Durante el encuentro, González enfatizó que las acciones federales se centran en personas con historial delictivo, aunque líderes comunitarios han denunciado que se están realizando detencionesarbitrarias, afectando a inmigrantes sin antecedentes criminales.
En respuesta, la gobernadora aseguró que su administración está estableciendo protocolos para manejar la situación de las familias afectadas, trabajando en coordinación con el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación para mitigar el impacto en comunidades vulnerables.
Impacto de las deportaciones en Puerto Rico
Los operativos han generado un impactosignificativo en barrios con alta presencia de inmigrantes, particularmente en Barrio Obrero en Santurce, Carolina y otros municipios del área metropolitana.
De acuerdo con datos presentados en la reunión, en 2024 se registraron 900 deportaciones en la Isla, afectando a ciudadanos de países como China, Afganistán, Brasil, Rusia, Colombia y República Dominicana.
Además, la gobernadora reveló que el 44 % de los fugitivos buscados por agencias federales en Puerto Rico son extranjeros con estatus migratorio irregular. Según su declaración, el gobierno federal ha identificado a estos individuos como prioridad en las redadas y continuará con los arrestos y deportaciones.
A pesar de las críticas de diversos sectores, González defendió la ejecución de estas políticas, señalando que Puerto Rico no se puede dar el lujo de no cumplir con las órdenes ejecutivas de Trump, ya que el gobierno federal ha advertido que los estados o territorios que no cooperen podrían perder acceso a fondos federales.
Medidas del gobierno local y reacción de la comunidad
En paralelo a estas acciones, la secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Janet Parra Mercado, emitió una directriz a las fiscalías de distrito para que elaboren listas de víctimas y testigos de delitos sin estatus migratorio regularizado.
Esta medida busca establecer un protocolo para proteger a estas personas y garantizar que su situación migratoria no les impida colaborar con las autoridades en investigaciones criminales.
Sin embargo, la comunidad inmigrantey sus representantes han expresado preocupación ante la manera en que se están desarrollando los operativos.
José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, denunció que las detenciones están afectando a personas sin antecedentes delictivos, algunas de las cuales han sido presentadas ante la opinión pública como delincuentes sin pruebas suficientes. Rodríguez advirtió que al menos dos casos podrían derivar en demandas civiles contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría poner en entredicho la legalidad de algunos arrestos.
