El CNLCC dijo que ya está conformada una fiducia con una canasta de US$1,200 millones propiedad de los grupos Vicini, Estrella, Linda y Rizek
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), denunció que la Superintendencia de Energía (SIE), mediante una resolución estaría autorizando la transferencia de concesión definitiva otorgada para la Central Eléctrica Punta Catalina a la familia Vicini.
La resolución fue presentada por la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual ha sido denominada como un “golpe de carambola” para finalmente entregar esta central a las familias oligárquicas del país.
La organización explicó que la resolución de la Superintendencia de Energía No. 095-2021-TC, del 4 de noviembre de este año, establece que la fiducia del Banco de Reservas que tendrá a su cargo la administración del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, podrá nombrar una fiducia sustituta con solo la anuencia de esa Superintendencia.
“Eso quiere decir que la fiducia del Banco de Reservas podrá poner el fideicomiso de la Central Punta Catalina bajo la dirección de una fiducia sustituta constituida por las mayores fortunas del país que pasarían en la práctica a ser las dueñas efectivas de esta central, sin tener que pasar por el escrutinio del Congreso Nacional, como un simple trámite administrativo que únicamente requerirá de la aprobación de la SIE”, dijo la entidad en un comunicado.
Señaló que esta resolución consagra una maniobra de “golpe de carambola” que ha consistido en primero separar la propiedad pública de CTPC a través de un fideicomiso público, segundo poner este fideicomiso bajo la gerencia de la fiducia del Banco de Reservas, y tercero, la fiducia del Banco de Reservas nombrará una fiducia sustituta con la aprobación de la Superintendencia de Electricidad.
Indicó que la fiducia sustituta que administrará a Punta Catalina ya está conformada con una canasta de US$1,200 millones propiedad de los grupos Vicini, Estrella, Linda y Rizek, desde enero de este año, a la espera de este último golpe de la carambola.
Manifestó que con esta figura de fideicomiso público recomendada por la asesoría de Stanley Consultant y Manatt a finales del año pasado, se está procediendo a privatizar a Punta Catalina guardando la apariencia de continuar siendo un bien público, y sin que el sector privado le cueste un solo centavo.
Aclaró que estos grupos económicos administrarán y se beneficiarán de Punta Catalina que le costó al pueblo dominicano más de US$4 mil millones, con la creación de un fondo de US$1,200 millones que seguirá siendo suyo y que no será tocado ni arriesgado en la gestión de esta central.
Recordó que desde principio de este año había denunciado esta maniobra de regalarle la Central Punta Catalina a los grupos oligárquicos encabezados por la familia Vicini, a través de un fideicomiso.
Precisó que el 11 de enero de este año, una delegación del CNLCC se reunió con el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Damares Toribio Domínguez, para informarle que se utilizaría la firma del Pacto Eléctrico para legitimar el regalo de Punta Catalina a estos grupos económicos mediante la figura del fideicomiso.
Llamó a la ciudadanía, a la opinión pública y al Congreso Nacional a oponerse a que se materialice finalmente esta maniobra de entregarle a los Vicini y a sus socios, un bien público como es Punta Catalina.
Planteó que la sociedad dominicana debe rechazar la resolución del 4 de noviembre de la Superintendencia de Electricidad, especialmente la disposición de que ésta pueda por ella sola autorizar a la fiducia del Banco de Reservas a nombrar una fiducia sustituta para administrar el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
“Estamos a tiempo todavía para frustrar el más grande fraude contra el Estado y el pueblo dominicano de toda nuestra historia, que se pretende perpetrar bajo la dirección del Gabinete Eléctrico de la Presidencia de la República que lidera Lisandro Macarrulla”, afirmó.
Propuso que el movimiento social utilice todos los medios legales y todas las formas de movilización para impedir que se cometa este robo legalizado en contra del patrimonio del pueblo dominicano.
