La Inspectoría General del Ministerio Público intervino la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos donde lleva a cabo una auditoría a todas las unidades sobre supuestas irregularidades cometidas en la pasada gestión, incluyendo la autorización de un supuesto cheque por 34 millones de pesos para uso personal.
Aunque la investigación abarca todo el departamento, por el caso es interrogado el director de la Unidad Antilavado de Activos, Luis Alberto González Reyes, así como el fiscal Carlos Cordero, principales ejecutivos de ese órgano.
Dicha dependencia de la PGR fue cerrada ayer y permanecerá clausurada hasta que concluya la investigación que lleva a cabo el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos.
Sobre la intervención rehusaron referirse todos los funcionarios importantes de la Procuraduría, incluyendo a su titular Miriam Germán Brito, y a sus adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, este último remitió al periodista a Relaciones Públicas, alegando que el caso no era de su jurisdicción, pero en el departamento de prensa tampoco fue posible obtener información, aunque sí se confirmó la intervención.
