La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que abrió un proceso de investigación en torno al contrato suscrito por el Ayuntamiento Municipal de La Romana con la empresa Urbaluz S.R.L., para la recogida de desechos sólidos, por alegado incumplimiento de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, al incurrir en una contratación directa en lugar de convocar a un proceso competitivo.
Conforme un comunicado del órgano rector destacó que, en el escrito de defensa presentado por el propio cabildo, a raíz de la solicitud de investigación interpuesta por el señor Elpidio Tolentino Garrido, admite que “no se acogió a lo establecido a estas normas legales up-supra mencionadas por la urgencia y necesidad que presentaba la municipalidad”.
En una comunicación firmada por el titular de la institución, Carlos Pimentel, dirigida al alcalde Juan Antonio Adames Batista, la DGCP destaca que, si bien los gobiernos locales gozan de autonomía municipal, esto no implica que puedan actuar al margen de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Reiteró que la referida normativa otorga al órgano rector la facultad de verificar que los procesos de contrataciones se realicen con apego a la Ley.
Resalta que el artículo 2 de la normativa, cuando explica el Sistema de Contrataciones Públicas y su ámbito, expresa que los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional están sujetos a las regulaciones previstas en esta Ley y sus reglamentos.
En tal sentido, la DGCP afirmó que el ayuntamiento se encuentra en la obligación legal de rescindir, conforme al debido proceso de ley, la ejecución del contrato número 21/2020, suscrito con Urbaluz, S.R. L. el pasado 30 de mayo de 2020.
La institución aprovechó para recordar que en el año 2016 anuló mediante la resolución 35/2016 la convocatoria a un procedimiento de contratación para la recogida de basura, así como la contratación directa para “eficientizar el cobro de publicidad visual en el municipio de La Romana” en el año 2018 y le recomendó acogerse a los procesos de contratación previstos en la Ley 340-06.
