La Fiscalía General de Nueva York presentó este jueves una demanda que busca el cierre de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el histórico lobby de las armas en Estados Unidos, por la gestión fraudulenta de sus directivos, a quienes acusa de desviar millones de dólares para uso personal.
La acción es resultado de una investigación abierta en 2019 y puede poner contra las cuerdas a una organización con más de 5 millones de miembros y un gran poder, pero que atraviesa actualmente importantes problemas financieros y luchas internas.
“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que ha impedido que nuestra nación tome medidas contra la violencia armada. Pero ha estado abusando de su poder y, bajo la apariencia, la NRA está podrida con el fraude y el abuso”, denunció la fiscal general neoyorquina, la demócrata Letitia James.
En su demanda, James describe una cultura de mala administración y supervisión negligente ilegal, opresiva y fraudulenta dentro de la organización, especialmente por parte de cuatro de sus principales responsables a quienes acusa de llenarse los bolsillos durante años.
Entre ellos figura el jefe de la NRA, Wayne LaPierre, que lleva desde 1991 al frente de la entidad y que ha sido uno de las grandes voces en defensa de las armas de fuego en Estados Unidos durante las últimas décadas.
Más recientemente, el liderazgo de LaPierre en la NRA había comenzado a ser muy cuestionado, precisamente por sus presuntos desmanes financieros y su gusto por el lujo.
Saqueo de la organización
James, como fiscal general de Nueva York, tiene autoridad regulatoria sobre la NRA, dado que esta está registrada en ese estado como una organización sin ánimo de lucro.
En su demanda, acusa a LaPierre y a otros tres directivos próximos a él de haber violado leyes estatales y federales y de beneficiarse personalmente de la organización, a la que habrían hecho perder 64 millones de dólares en tan sólo tres años.
La respuesta de la Asociación Nacional del Rifle no tardó en llegar, denunciando que la demanda es “un ataque sin base” y “premeditado” contra la organización y las “libertades de la Segunda Enmienda” de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas.
