La Ministra de la Juventud denunció este martes que se ha orquestado un plan mediático de difamación y chantaje aprovechando el proceso de transición del Gobierno para obligarla a pagar una suma millonaria a las empresas Icat e Icatek, os abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana.
“En una evidente actitud chantajista, y aprovechando el proceso de transición del Gobierno, los abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana intentan obligar al Ministerio de la Juventud a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que enfrenta a esta institución con la empresa Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT), propiedad de Elby-Ramón Cabrera Herrera, proceso que se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016, y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo”, aclara una nota de prensa de la entidad.
De acuerdo al despacho de prensa, el presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados están realizando una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra el Ministerio de la Juventud, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a la Ministra como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente.
Ministra Robiamny Balcácer, negó que haya pagado con cheques a esta empresa, puesto que esta institución no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica. “Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados”.
Sostuvo , que su gestión tienen la práctica de honrar todos los compromisos económicos contraídos, y en actuación responsable con el manejo de la gestión pública, se les pidió a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno, “pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos”.
“El caso en cuestión está en manos de la Justicia y allí hemos acudido, para que sean los jueces quienes decidan sobre este impasse, proceso que ahora debe esperar por el fallo del Tribunal Superior Administrativo, por lo cual es improcedente cualquier acción judicial al margen de esta decisión”, concluyó.
