El abogado Antoliano Peralta, que encabeza la defensa del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, involucrado en el presunto sabotaje al sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE), anunció este jueves la presentación de una denuncia para que se abra una investigación profunda que involucre al coronel Kojy Maruyama, y los que resulten involucrados en el hecho.
Antoliano Peralta dijo que “Anunciamos a la opinión pública que estamos procediendo a presentar una denuncia formal ante las autoridades penales correspondientes, exigiendo que se investigue este hecho hasta las últimas consecuencia, en cuya investigación deberá incluirse necesariamente al citado coronel Kojy Maruyama”, expuso Peralta en rueda de prensa.
El abogado pidió al aparato coercitivo del Estado el cese de la presunta violación sistemática de los derechos constitucionales del técnico de la compañía Claro, Ramón Antonio Peralta, el cual fue señalado por las autoridades como contacto del coronel y quien le pasaba las informaciones del sistema de votación de la JCE.
Peralta fundamentó la petición antes mencionada al citar que en el apresamiento del alto oficial y del técnico de la compañía telefónica, se les conculcaron varios de sus derechos establecidos en la Constitución, “incluyendo la tortura de regalado” según sus declaraciones a un medio de comunicación. “Es uno de los pocos casos en que se han sometido a unos supuestos cómplices sin someterse a los autores”.
Agregó que esos hechos “constituyen una clara manifestación de que en el presente caso se está instrumentalizando el poder coercitivo del Estado, con el espurio fin de distraer la atención de la población, y evitar realizar una investigación seria, presentando a la población chivos expiatorios”.
Indicó que tanto el coronel Guzmán Peralta como el técnico Antonio Peralta, manifestaron únicamente sus preocupaciones por los referidos acontecimientos, “y no así demostraron tener participación alguna en los mismos”.
En ese orden, Peralta dijo que este uso del aparato represivo del Estado resulta inaceptable en un estado democrático. “Mientras se persiguen ciudadano sin fundamento alguno, se excluye de la investigación a la persona que se ha referido como sujeto activo en el intento de realizar acciones sospechosas, que pudiesen tener vinculación con el grave atentado contra el proceso electoral del 16 de febrero”, puntualizó.
