El hackeo a redes informáticas, como lo que aparentemente sucedió con los equipos electrónicos utilizados por la JCE en las suspendidas elecciones municipales del pasado domingo, se constituye en violaciones a las leyes de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, contra el Terrorismo, contra el Lavado de Activos y al Código Penal Dominicano, lo que conllevaría condena de hasta 30 años de prisión y multas de 2,000 salarios mínimo.
Según el abogado Amadeo Peralta, en el caso de hackeo, el tribunal competente para dictar la condena será el Tribunal Superior Electoral en atribuciones penales y represivas.
Aclaró que la Ley Electoral No. 15-19, no prevé ningún tipo de sanción penal por el hackeo de sus redes informáticas, por lo que se tendrá que recurrir a otras leyes complementarias que serían las aplicables.
“La situación creada por un posible sabotaje e intervención ilegal a las redes informáticas de la Junta Central Electoral, no solamente acabo con la posibilidad y credibilidad del voto electrónico, sino también que ha creado una crisis en las elecciones municipales de este domingo 16 de febrero, que ha seguido a una crisis política, de confianza y hasta económica, tanto para la Junta como para la población y el empresariado, y que podría llevar a sus autores a la cárcel con una condena de hasta 30 años de prisión junto a sus cómplices y multas de hasta dos mil salarios mínimos, si se hiciera una investigación seria y responsable”, apuntó Peralta mediante una nota.
Sostuvo que los autores y responsables han incurrido con su accionar delictivo en violación a los artículos 5, 6 párrafos I y II, artículos 9, 10, 11, 27 y 28 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como violación a los artículos 5, 26 y 30 de la Ley No. 167-08 (Ley de Terrorismo), y a la vez violaron la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos en su acápite 11, y los artículos 2, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que castigan la Asociación de Malhechores y la Complicidad.
Finalmente, el abogado Amadeo Peralta detalló, que en el presente caso, la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, tiene un gran reto frente al país y a la comunidad internacional, para perseguir, solicitar medidas de coerción y acusar a los responsables de este acto terrorista y de sabotaje que ha puesto entre dicho la credibilidad de la JCE y podría generar en otra crisis.
